19/06/2007 - Buenos Aires - El Gobierno argentino ha ordenado "no perseguir más a los consumidores" de drogas e impulsa una reforma de la legislación, que data de 1989 y a su juicio "demuestra que la política criminal fracasó".
Así lo manifestó el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien consideró que las bandas de narcotraficantes "crecieron a sus anchas y se volvieron lo que son" debido a que las fuerzas de seguridad se concentraron en "perseguir perejiles (inocentes)".
"La política nunca se preocupó por el narcotráfico. Siempre se preocupó de lo urgente y no por el largo plazo. No hay política criminal", señaló en una entrevista publicada hoy por el diario local Página/12.
Además de hacer una fuerte autocrítica sobre el rol del Estado en la lucha contra el narcotráfico, el funcionario dijo que el Gobierno puso esta problemática en la agenda de discusión pública con una serie de medidas adoptadas a partir del 2005.
En ese orden, mencionó la creación de la Unidad Fiscal de Apoyo a la Investigación de Narcotráfico y "la designación de un comité científico" conformado por "gente con una inteligencia privilegiada que tiene libertad para analizar y proponer cambios".
Sostuvo que las autoridades también elaboraron "un mapa criminal" que permitió contar con "el primer diagnóstico hecho científicamente para cambiar, para mejorar y pensar políticas de corto, mediano y largo plazo en términos tecnológicos y de investigación regional e internacional".
"La ley demuestra que a la cárcel sólo van los adictos tenedores y los pequeños consumidores. El error que comete el Estado al hacer esto implica costos (...) Es necesario cambiar esa ley. Es un despilfarro, es un despropósito", evaluó Fernández.
Además de castigar con una pena de un mes a dos años de prisión la tenencia de estupefacientes, la norma número 23.737, sancionada en 1989, impone a los adictos la realización de un "tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario".
"Una causa por tenencia cuesta 15.000 pesos (4.800 dólares). Tener un adicto preso cuesta 5.000 pesos (1.600 dólares) al mes. Si se juntara toda esa masa de dinero que se está invirtiendo en este tipo de causas podríamos, sólo por poner un ejemplo, duplicar en eso el programa de VIH" (sida), detalló el ministro.
Al analizar las causas que tramitan en juzgados federales, sostuvo que "el 45 por ciento es por ley de drogas" y manifestó que "el 70 por ciento de las cárceles de mujeres está abarrotado de mujeres pobres y con hijos por ser 'mulas'" del narcotráfico.
Según Fernández, antes de la aprobación de la ley 23.737 "Argentina estuvo en la situación en la que está Europa, que no está penalizando al adicto", por lo que su país debe analizar la posibilidad de "volver a esa política".
"Hasta este cambio, las fuerzas (de seguridad) trabajaron para hacer cartón pintado. Las estadísticas han sido eso, cartón pintado para justificar un trabajo inútil. Por eso di la orden de no perseguir consumidores", agregó.
Luego de asegurar que no tiene "duda de que hay corrupción en las fuerzas" de seguridad, consideró que los jefes policiales de jurisdicciones en las cuales se hizo fuerte el narcotráfico "tienen una parte de la responsabilidad", que "es política".
"La calle está muy sucia y se ensució porque todo el mundo hizo la fácil, se metió en el zoológico a cazar. Nadie iba adonde estaban las presas más difíciles. Ahora quiero complejidad", remarcó el ministro del Interior.
En las últimas semanas Fernández mantuvo reuniones con los responsables de la seguridad en las provincias y con representantes diplomáticos de 17 países, a quienes anunció que Argentina buscará imprimirle "pragmatismo" a la lucha contra el narcotráfico. EFE
Así lo manifestó el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien consideró que las bandas de narcotraficantes "crecieron a sus anchas y se volvieron lo que son" debido a que las fuerzas de seguridad se concentraron en "perseguir perejiles (inocentes)". 