26/06/2007 - Buenos Aires - Fuentes judiciales dijeron hoy a la agencia estatal Télam que a raíz de esta decisión el Tribunal Oral en lo Federal Número 5 de Buenos Aires derivará a otros juzgados el resto de las causas que investiga actualmente.
El tribunal pasará a tramitar solo los expedientes originados en dos grandes pesquisas sobre delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que se reabrieron en 2003, tras la derogación de las llamadas "leyes del perdón" a los represores.
En una de esas causas se investigan los crímenes cometidos bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército y en la otra los perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la mayor cárcel ilegal del régimen militar.
En marzo pasado, varios ministros del gobierno se enzarzaron en una polémica con la Cámara de Casación después de que el presidente argentino, Néstor Kirchner, criticara la "lentitud" del máximo tribunal penal del país en los procesos contra represores.
El presidente de la Cámara, Alfredo Bisordi, y otros miembros de ese tribunal han sido denunciados por el abogado Rodolfo Yanzón, que representa a un grupo de querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad, por presunto retraso en la fase de las investigaciones sobre la represión ilegal de la dictadura.
"Es imperioso que los juicios se aceleren. Para ello debe haber tribunales que se dediquen con exclusividad a estos procesos complejos. Esta es una decisión que se debió haber tomado hace dos años", opinó hoy Yanzón.
Por su parte, el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa por crímenes cometidos bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército, evaluó que la de la Cámara de Casación "es una medida acertada, que contribuye a garantizar el principio de celeridad".
En agosto último, el Tribunal Oral Número 5 había condenado a 25 años de prisión a un ex policía por la desaparición en 1978 de un matrimonio compuesto por un ciudadano chileno y una argentina, y la sustracción de la hija de ambos.
Esa fue la primera sentencia para un represor de la dictadura, luego de que en 2003 el Parlamento derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que libraron de responsabilidad a más de un millar de agentes del régimen militar, y en 2005 también fueron declaradas nulas por la Corte Suprema.
Según datos oficiales, durante la dictadura desaparecieron 18.000 personas, aunque los organismos de derechos humanos elevan esa cifra a 30.000. EFE
