16/07/2007 - Madrid - La Audiencia Nacional, alto tribunal encargado de delitos de terrorismo, rechazó en diciembre pasado, en contra del criterio de la Fiscalía, juzgar a Cavallo por delitos de lesa humanidad o de genocidio por considerar que la Justicia de Argentina ya le investiga por su actividad durante la dictadura, entre 1976 y 1983.
La Fiscalía de la Audiencia recurrió la resolución por considerar que infringe el artículo 24 de la Constitución española, que establece el derecho a la tutela judicial efectiva, y al entender que la Justicia argentina no investiga a Cavallo por los mismos hechos y delitos por los que fue procesado en España.
El TS informó de que el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Manuel Maza, Perfecto Andrés Ibáñez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo deliberarán a puerta cerrada sobre los argumentos del recurso del fiscal y las acusaciones.
La deliberación iba a tener lugar el 13 de junio pasado pero se suspendió debido a que la defensa de Cavallo había planteado ante la Sala un incidente de recusación contra el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez por falta de imparcialidad, que ha sido rechazada.
El abogado de Cavallo recusó también al magistrado Joaquín Giménez, encargado de instruir la recusación contra Perfecto Andrés Ibáñez, lo que, según las mismas fuentes, también se ha rechazado.
Cavallo, procesado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su actividad en el centro de detención de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), se encuentra en prisión en España desde que el 29 de junio de 2003 fuera extraditado por México, donde fue detenido en agosto de 2000 tras ser reconocido por varios supervivientes de los centros de detención.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedía para él una pena mínima de 13.332 años de cárcel y otra máxima de 17.010, en función de que se le condenara por delitos de lesa humanidad o de genocidio y éstos estuvieran o no relacionados con delitos de terrorismo.
De haber sido aceptada la jurisdicción española, Cavallo se hubiera convertido en el segundo ex militar argentino juzgado en España por delitos cometidos durante la dictadura, ya que en abril de 2005 la Audiencia condenó a Adolfo Scilingo a 640 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas.
El pasado día 4, el TS elevó de 640 a 1.084 años de prisión la condena que la Audiencia había impuesto a Scilingo. EFE
