10/08/2007 - Buenos Aires (EFE).- La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en el expediente y pidió que se declare la inconstitucionalidad de los indultos a represores del régimen militar que gobernó el país hasta 1983, tal como resolvió recientemente la Corte Suprema de Justicia.
La causa se había iniciado originalmente contra Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, los miembros de la Junta Militar que detentó el poder entre 1976 y 1981, recordó el organismo en un comunicado.
Esas actuaciones quedaron archivadas cuando los jerarcas y otros miembros de la dictadura, así como los líderes de los grupos guerrilleros que actuaron en la década de los años 70, fueron indultados en 1990 por el entonces presidente argentino, Carlos Menem.
En julio pasado, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del indulto que benefició a un ex general procesado por delitos aberrantes y ese fallo sentó jurisprudencia para el resto de los perdones otorgados a represores de la dictadura.
La Secretaría de Derechos Humanos explicó que su querella "se dirige contra Videla y Massera", también abarca a los miembros del "gabinete del gobierno dictatorial" y "Agosti no es incluido por haber fallecido".
Además, aludió a "la participación de sectores civiles asociados en la aventura golpista que dio comienzo a la ejecución de un plan que se valió de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos para garantizar la permanencia en el poder de los golpistas y producir transformaciones en el modelo político, económico, jurídico y social de la república".
"Entre los querellados se incluye a los civiles que ocuparon" los ministerios de Economía y Educación, entre ellos el ex titular de la cartera económica José Martínez de Hoz, "junto con el resto de militares que ocuparon los ministerios y secretarías de Estado", indicó la Secretaría de Derechos Humanos.
La presentación efectuada por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, señala que "respecto a los jefes golpistas indultados, se solicita se declare la inconstitucionalidad de dichos indultos tal como fuera resuelto por la Corte Suprema de Justicia".
El funcionario indicó que "es un deber del Estado democrático buscar la sanción penal de quienes cometieron el asalto a las instituciones de la república con las consecuencias señaladas".
"La lucha contra la impunidad hace indispensable la reapertura de esta causa judicial y su prosecución hasta la condena", manifestó Duhalde.
En Argentina hubo 18.000 desaparecidos durante la última dictadura, según estimaciones oficiales, pero los organismos defensores de los derechos humanos señalan que en realidad las víctimas fueron 30.000. EFE
