24/08/2008 - De acuerdo a un reportaje de investigación publicado hoy por el diario Clarín, de Buenos Aires, en el denominado Plan Nacer, que desarrolla el ministerio de Salud argentino, hay sospechas de sobreprecios en las licitaciones, contratos "exorbitantes" y denuncias de pedidos de sobornos.
Una de las supuestas irregularidades que investiga la Justicia es la denuncia interpuesta por un proveedor sobre "la fabricación de una licitación, el pago de sobreprecios por varios millones de dólares y un intento de coimas (soborno) de parte de algún funcionario del ministerio de Salud", señaló el periódico.
La pesquisa partió en noviembre de 2007, cuando el empresario argentino Arturo Curátola, presidente de Melenzane, denunció en Washington, sede del BM, que se pagaban sobreprecios por 5,8 millones de pesos (casi dos millones de dólares) dentro de una licitación para adquirir heladeras para hospitales, cunas acrílicas, incubadoras y otros elementos.
El empresario dijo que su compañía fue desplazada de esa licitación por no haber querido pagar un "canon" del 10 por ciento de las órdenes de compra previstas en la licitación, que sumaban unos 30 millones de dólares.
La denuncia llevó al Banco Mundial a abrir un expediente en su oficina de Asuntos Institucionales, pero fuentes del organismo consultadas por Clarín se negaron a dar detalles de la investigación en curso.
En los Tribunales argentinos se recibió otra denuncia, la de un economista del Plan Nacer, Jorge Rodríguez, que acusó a funcionarios del ministerio de Salud de manejar en forma discrecional las licitaciones y otorgar contratos a dos consultoras de auditoría externas que costaron unos ocho millones de dólares por un trabajo valuado por mucho menos.
Según indicó el periódico, que accedió a los contratos y otras documentaciones del plan, el ministerio de Salud también abrió una investigación interna sobre las supuestas irregularidades en el programa que destina 430 millones de dólares a luchar contra la mortalidad infantil.
El Plan Nacer promueve que médicos del sistema público atiendan a embarazadas, neonatos y niños de hasta seis años que no cuentan con cobertura social. EFE
