El proyecto, publicado hoy en el Boletín Oficial, como anexo de la resolución conjunta 976 y 58, establece que el proveedor de bienes y servicios a través de Internet deberá otorgar al consumidor un mecanismo de "confirmación expresa" de la aprobación para efectuar la transacción, a fin de que "el silencio del consumidor no sea considerado como consentimiento" de la transacción.
El año pasado, por fraude electrónico, los bancos y empresas de tarjetas de crédito sumaron pérdidas por 1.200 millones de dólares, lo que representó sólo una pequeña parte de los daños que genera el no cumplimiento de las normas sobre comercio electrónico o la falta de las mismas. Los interesados en aportar opiniones sobre el proyecto deberán dirigirlas por nota a la Dirección Nacional de Comercio Interior de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía (tal el "enrutamiento" a seguir dentro del Estado argentino, tan similar al italiano en aportes burocráticos), ubicada en avenida Julio Argentino Roca 651 piso 6, Capital Federal. El proyecto elaborado para el Mercosur determina que los sitios de ventas de bienes y servicios deberán informar al potencial consumidor las características y disponibilidad del producto o servicio, así como el modo, plazo, condiciones y responsabilidad de la entrega. También deberá incluir en su sitio deInternet los procedimientos para la cancelación de la operación y la devolución o cambio de mercadería, así como información sobre la política de desembolso, además del valor final del producto, el costo del flete y otros costos vinculados. Los sitios de ventas de Internet deberán incluir una alternativa de modificación del contrato en los casos que sea posible y teléfonos o correo electrónico de atención al cliente, así como una copia electrónica del contrato.
El proyecto fue elaborado por la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción y la Secretaria de Comercio y Relaciones Económicas de la Cancillería Argentina, junto al Ministerio de Justicia de Brasil, la Subsecretaría de Estado de Comercio de Paraguay y el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay.
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