¿Cómo detecta ARBA a los evasores?

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) ha logrado recuperar más de $268.000 millones desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof mediante el uso de su sistema Fiscalización Remota (FIRE) y un innovador proceso de intimaciones inductivas. Esta herramienta ha permitido que los contribuyentes con inconsistencias en sus declaraciones de Ingresos Brutos regularicen su situación de manera digital y sin operativos presenciales.

Un radar fiscal contra la evasión

El director de ARBA, Cristian Girard, explicó que el FIRE actúa como un "radar fiscal", monitoreando constantemente a los contribuyentes a través del cruce de datos, como transacciones electrónicas e información del IVA. "Cuando detectamos discrepancias en las declaraciones, notificamos automáticamente al contribuyente, quien puede corregir la situación o justificarla a través de nuestra plataforma digital", detalló Girard. Todo el proceso es ágil, automatizado y se realiza 100% online.

La implementación de FIRE ha facilitado la corrección voluntaria de desvíos fiscales sin la necesidad de operativos presenciales o juicios, permitiendo a los contribuyentes regularizar su situación a través de una plataforma web sencilla. En lo que va de 2024, se han recuperado $25.000 millones y más de 61.300 contribuyentes han aceptado y corregido las inconsistencias detectadas por el sistema.

Controles más precisos para mayor equidad tributaria

ARBA ha optimizado los controles automáticos del FIRE para mejorar la precisión en la detección de irregularidades. Estas mejoras incluyen el cruce de datos con el IVA, la verificación de la correcta aplicación de alícuotas y deducciones, y el control de beneficios fiscales. Este sistema permite a los contribuyentes corregir diferencias impositivas sin presentar declaraciones juradas adicionales, simplificando el cumplimiento tributario.

Además, la agencia ha estructurado el FIRE en dos niveles: el primero se enfoca en facilitar la regularización voluntaria, mientras que el segundo actúa en casos de incumplimiento, habilitando el reclamo judicial y la fiscalización presencial.