Después del mandato, ¿Quién paga la seguridad de Alberto Fernández en el extranjero?

En una polémica decisión, Alberto Fernández, a punto de dejar la presidencia de Argentina, firma un decreto que garantiza la custodia vitalicia de los exmandatarios y sus familiares directos en todo el mundo. La medida, publicada en el Boletín Oficial, implica que el Estado asumirá los costos de la seguridad del expresidente, incluso en el extranjero.

El decreto, que abarca a todos los exmandatarios, se suma a la controversia en medio de la crisis económica que afecta a Argentina, en parte atribuida a la gestión de Fernández. La obligación de brindar seguridad vitalicia en cualquier parte del mundo se establece como una carga financiera adicional para un país ya sumido en dificultades económicas y financieras.

El artículo 14 del decreto especifica que la custodia estará a cargo de la División Custodia Presidencial, División Custodia Vicepresidencial y Unidad Custodia Ex Mandatarios, y actuarán bajo control operacional de la Casa Militar. Este movimiento, que coincide con los planes de Fernández de residir fuera del territorio argentino, plantea interrogantes sobre quién debería asumir los costos de su seguridad en el extranjero.

La decisión de garantizar la custodia vitalicia en todo el mundo para los exmandatarios, incluyendo a Fernández, ha generado fuertes críticas. En un momento en que el país enfrenta desafíos económicos significativos, la asignación de recursos para la seguridad personal de un expresidente en el extranjero parece desmesurada y cuestionable.

Esta medida refleja una desconexión con la realidad económica de Argentina y plantea preguntas incisivas sobre las prioridades y responsabilidades de los líderes políticos, especialmente en tiempos de crisis. La controversia está servida, y la sociedad argentina observa con escepticismo cómo se toman decisiones que afectan directamente el bienestar financiero del país.