Política | Washington
EE.UU. sanciona a Cristina Kirchner y su círculo por corrupción
La expresidenta argentina y su familia fueron alcanzados por una medida sin precedentes en el país. Washington refuerza su postura contra la corrupción en América Latina.
22-03-2025
El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a Cristina Fernández de Kirchner, al exministro de Planificación, Julio de Vido, y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, debido a las causas de corrupción que enfrentan en Argentina. La decisión marca la primera vez que Washington toma una medida de este tipo contra un exmandatario argentino.
Un alto funcionario del Departamento de Estado, en diálogo con La Nación, afirmó que esta decisión ratifica el compromiso de la administración Trump—a través del secretario Marco Rubio—de hacer rendir cuentas a los funcionarios corruptos de América Latina. Rubio, quien también se desempeña como administrador de USAID, ha impulsado repetidamente acciones contra Cristina Kirchner y otros líderes de la región.
La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa "Vialidad", que investigó el direccionamiento de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez. Además, se mantienen en revisión las investigaciones sobre "Hotesur" y "Los Sauces", en las que también están involucrados sus hijos. Julio de Vido, por su parte, enfrenta múltiples procesos judiciales, incluido el escándalo de los "Cuadernos de la corrupción", cuyo juicio aún no tiene fecha definida.
Desde hace tiempo, senadores republicanos como Ted Cruz presionaban por sanciones contra Cristina Kirchner, argumentando que sus casos judiciales eran motivo suficiente para que Washington interviniera. Cruz fue el primero en solicitar formalmente la medida en 2022, a través de una carta dirigida a Antony Blinken, entonces secretario de Estado del gobierno de Joe Biden.
Aunque esta es la primera sanción de este tipo contra un expresidente argentino, Estados Unidos ya había impuesto restricciones similares a exmandatarios de Paraguay, Panamá y Ecuador, consolidando su estrategia de castigo contra líderes implicados en corrupción en la región.