PolÃtica | En febrero
El Gobierno activa la Ley Penal Juvenil y acelera el debate por la baja de la edad de imputabilidad
La iniciativa será tratada en sesiones extraordinarias en febrero, según confirmó el vocero Manuel Adorni. El proyecto se instala en la agenda tras casos recientes de extrema violencia y forma parte del paquete de reformas prioritarias del oficialismo.
Hace 1 hora.
El Gobierno de Javier Milei confirmó que el proyecto de Ley Penal Juvenil será incluido en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero, marcando un nuevo capítulo en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. La decisión fue tomada en una reunión de la mesa política del núcleo duro del Presidente y anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Según precisó el funcionario, el tratamiento parlamentario comenzará el lunes próximo, junto con otras iniciativas que el Ejecutivo considera centrales para su agenda legislativa. En el encuentro participaron figuras clave del oficialismo, entre ellas Karina Milei, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli y el asesor Santiago Caputo, lo que evidencia el peso político que el Gobierno le asigna a la discusión.
El impulso al proyecto fue reforzado públicamente por Patricia Bullrich, quien vinculó la urgencia de la reforma con dos hechos de inseguridad recientes que conmocionaron al país. Uno de ellos fue el asesinato de Gustavo Javier Pairó en José C. Paz, durante un intento de robo protagonizado por delincuentes, uno de ellos menor de edad. El otro, el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, un adolescente apuñalado por otros jóvenes, cuyas imágenes circularon masivamente.
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa busca actualizar el Código Penal y dar respuesta a una problemática que atraviesa a distintas provincias, en un contexto de creciente demanda social por mayor seguridad y responsabilidad penal.
La Ley Penal Juvenil se suma así a un temario cargado para el Congreso. Las sesiones extraordinarias también contemplarán el tratamiento de la reforma laboral y la aprobación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, dos proyectos que el Gobierno considera estratégicos para consolidar su programa económico y político.