Sociedad | AuditorÃa interna
El Gobierno destapó una grave anomalÃa en la ANDIS: Miles de certificados seguÃan activos pese a fallecimientos
Una auditorÃa interna reveló que 178 mil Certificados Únicos de Discapacidad permanecÃan vigentes a nombre de personas fallecidas. El hallazgo abre la puerta a denuncias penales y expone fallas estructurales en el sistema.
21-12-2025
En el marco de una auditoría integral sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno detectó una irregularidad de alto impacto institucional: 178 mil Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) figuraban como activos pese a corresponder a personas ya fallecidas. La anomalía salió a la luz tras un cruce de datos con el RENAPER, que encendió alarmas en la Casa Rosada.
El descubrimiento se produjo durante el proceso de reordenamiento del organismo, intervenido luego de la salida de su extitular, Diego Spagnuolo, envuelto en un escándalo por presuntos audios que lo vincularían a un circuito de cobro de coimas. Aunque el exfuncionario presentó un informe judicial en el que sostiene que las grabaciones fueron manipuladas con inteligencia artificial, la auditoría avanzó y comenzó a mostrar inconsistencias estructurales.
La revisión fue ordenada por el actual interventor, Alejandro Vilches, médico sanitarista designado por el ministro de Salud Mario Lugones, quien autorizó las bajas inmediatas de los certificados observados. Según fuentes oficiales, el siguiente paso será cruzar la información con los prestadores que declararon servicios a beneficiarios fallecidos, lo que podría derivar en acciones judiciales.
El CUD es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad de una persona y habilita el acceso a prestaciones de salud, transporte gratuito y asignaciones, entre otros beneficios. Si bien no tiene vencimiento fijo, requiere actualizaciones periódicas, actualmente prorrogadas, lo que dejó al descubierto vacíos de control.
El hallazgo se suma a otras irregularidades detectadas en la agencia y forma parte de una auditoría más amplia iniciada el 28 de agosto, que también incluye la revisión de contratos. Los resultados finales aún no están cerrados y podrían ser oficializados hacia el primer trimestre de 2026, con posibles consecuencias penales para beneficiarios y prestadores involucrados.