Sociedad | Guillermo Francos lo confirmó
El Gobierno promulgará la Ley de Discapacidad, pero frena su aplicación hasta definir el financiamiento
Guillermo Francos confirmó que la norma será promulgada tras el rechazo del veto presidencial en el Congreso, pero advirtió que no se reglamentará hasta acordar de dónde saldrán los recursos para sostener las nuevas prestaciones.
16-09-2025
El Gobierno nacional confirmó que promulgará la Ley de Discapacidad, sancionada por el Congreso pese al veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que su reglamentación quedará en suspenso hasta definir el financiamiento.
“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Pero primero debemos definir cómo se va a aplicar y de dónde saldrán los recursos. No me pueden endilgar que yo reacomode partidas; eso es una mentira. ¿A quién le quitamos, a los jubilados para pasar a discapacidad?”, señaló Francos.
Una ley con alto impacto fiscal
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la norma podría sumar entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios, lo que implicaría un costo fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Además, se prevé:
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$278.323 millones para compensaciones de emergencia a prestadores.
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$7.160 millones para talleres de producción.
Uno de los ejes centrales de la ley es el fortalecimiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, que ahora se asignarán automáticamente a quienes tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD), cumplan con la evaluación socioeconómica y no superen dos salarios mínimos. La prestación equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado, siempre que no se supere el tope de ingresos.
La ley también extiende la cobertura a beneficiarios previos, evitando nuevos trámites, fortalece el Sistema de Prestaciones Básicas regulado por la Ley 24.901 y establece un régimen de regularización de deudas fiscales para empresas y trabajadores vinculados al sistema de discapacidad.
Con esta decisión, el Gobierno evita judicializar la norma pero mantiene en suspenso su aplicación práctica hasta asegurar que las partidas presupuestarias no afecten a otros sectores sensibles.