El Senado aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil desde los 14 años

El Senado sancionó este viernes el nuevo Régimen Penal Juvenil, una de las iniciativas centrales del oficialismo, que fija en 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina. La votación cerró con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, marcando una victoria legislativa para el Gobierno.

La norma no sólo reduce la edad de punibilidad de 16 a 14 años, sino que diseña un nuevo marco procesal para adolescentes en conflicto con la ley penal, incorporando medidas que van más allá de la detención.

Qué cambia con la nueva ley

El texto aprobado establece un abanico de alternativas para los jueces en casos de delitos con penas de hasta 3 años, como:

• Amonestaciones

• Monitoreo electrónico

• Prohibición de salida del país

• Prestación de servicios comunitarios

Ese mismo esquema podrá aplicarse en delitos con penas de hasta 10 años, siempre que no hayan implicado muerte o lesiones graves.

En cuanto a las sanciones más severas, la pena máxima será de 15 años, incluso cuando la escala penal o la suma de delitos supere ese límite. La privación de la libertad quedará reservada para delitos graves como homicidio, secuestro, robo con violencia o abuso sexual. Además, se prohíbe la prisión perpetua para menores.

La ley también habilita que, cumplidos los dos tercios de la condena, el tribunal pueda disponer que el resto se cumpla mediante penas alternativas a la prisión, si se reúnen las condiciones previstas para la libertad condicional.

Cuestionamientos y advertencias

La reforma fue objetada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que advirtió que la baja de la edad de imputabilidad podría vulnerar el principio de no regresividad en materia de derechos humanos.

El organismo señaló que, al 31 de diciembre de 2024, 4.119 adolescentes estaban bajo el sistema penal juvenil y sólo 48 tenían menos de 16 años (1,2% del total). De ellos, 44 estaban privados de libertad.

Según el CNPT, la población no punible es “cuantitativamente reducida” y cualquier modificación debería adecuarse estrictamente a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Ley 26.061, priorizando medidas alternativas al encierro y políticas públicas de protección integral.

Un debate cargado de tensión política

Durante la sesión, el senador oficialista Gonzalo Guzmán defendió el proyecto al asegurar que se trata de “un régimen moderno y especializado, con garantías de debido proceso”.

Desde la oposición, la senadora Lucía Corpacci calificó la iniciativa como “invotable” y acusó al Gobierno de utilizar el debate penal para desviar la atención de la situación social.

La radical Carolina Losada respaldó la baja de la edad de imputabilidad y sostuvo que “no se puede afirmar que un adolescente de 14 o 15 años no comprende la gravedad de sus actos”.

En tanto, el senador Gerardo Zamora cuestionó la constitucionalidad de la norma, al considerar que invade facultades provinciales y podría generar mayores costos para los distritos.

Con la sanción definitiva, la Argentina abre una nueva etapa en su política criminal juvenil, en medio de una discusión que promete continuar tanto en el ámbito judicial como en el social.