Sociedad | Escrache contra Espert
El caso Abaigar da un giro: La Justicia ordenó su liberación tras 12 dÃas detenida
La Cámara Federal de San MartÃn revocó la prisión preventiva dictada por la jueza Arroyo Salgado. No encontró riesgos procesales ni razones concretas para mantener detenida a la funcionaria bonaerense acusada de participar en un escrache contra José Luis Espert.
Hace 7 horas.
Tras casi dos semanas en el penal de Ezeiza, Alexia Abaigar, directora del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, fue liberada por orden de la Cámara Federal de San Martín, que consideró que no existen motivos procesales suficientes para justificar su detención.
La funcionaria estaba acusada de haber arrojado estiércol y colocado un pasacalle frente a la casa del diputado libertario José Luis Espert en San Isidro, en el marco de un escrache político que derivó en una causa por atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio por razones ideológicas.
La jueza Sandra Arroyo Salgado había ordenado su detención el 25 de junio. Desde entonces, Abaigar pasó 12 días privada de su libertad, primero en prisión y luego con arresto domiciliario. En paralelo, otros cuatro militantes —entre ellos una concejala y miembros de organizaciones sociales— también fueron imputados por los hechos.
La decisión de la Cámara, firmada por los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral, destacó que Abaigar colaboró voluntariamente con la investigación, entregando la clave de su celular y su computadora, y que no hay riesgo de fuga ni posibilidad de entorpecer la causa. “No se advierte una causal concreta y razonable para mantener la restricción de su libertad ambulatoria”, sostiene el fallo.
El caso tuvo fuerte repercusión política, con críticas de sectores del peronismo a la actuación judicial. Dirigentes como Axel Kicillof y consejeros del oficialismo denunciaron que la detención fue arbitraria y desproporcionada, mientras que la oposición defendió la intervención judicial.
La excarcelación de Abaigar no implica su desvinculación del proceso judicial, pero deja en evidencia la fragilidad argumentativa de una detención que muchos calificaron como excesiva, en un contexto donde la frontera entre protesta y delito vuelve a ser motivo de disputa.