Exdirectivos de AFIP condenados por pedir dádivas

En un extenso juicio que inició el 4 de octubre pasado, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta emitió sentencia contra exdirectivos de la Regional Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Rafael Resnick Brenner, exdirector, y Nicolás Fili, exjefe del Área Jurídica del organismo, fueron condenados a 4 y 3 años de prisión, respectivamente, por el delito de concusión.

La condena incluye también la inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 90 mil pesos para ambos. Los acusados fueron juzgados por fraude a la administración pública, cohecho pasivo y concusión.

El juicio se llevó adelante a partir de la acusación impulsada por el fiscal general Carlos Martín Amad y la auxiliar Soledad Cabezas, representantes del Área de Transición del Ministerio Público Fiscal. Los exfuncionarios fueron acusados de pedir una suma de un millón y medio de pesos a un empresario local, Fredy Tejerina, para alivianar los problemas tributarios que enfrentaba.

El testimonio clave de Tejerina fue fundamental en el caso. Afirmó que acordó con Resnick Brenner y Fili el pago en tres cuotas, pero solo abonó dos de ellas a Fili, quien negó su vinculación con la maniobra.

En cuanto a las acusaciones de defraudación y cohecho, el tribunal absolvió a los empresarios Pablo Daniel Haddad y Federico Guijarro Jiménez por falta de pruebas. Se sostenía que habían recibido una coima para acceder a un reintegro de IVA, pero la fiscalía no logró probar la supuesta simulación de operaciones inexistentes.

El veredicto condena a exdirectivos de AFIP por el delito de concusión en Salta, mientras que los empresarios fueron absueltos por falta de pruebas en los cargos de defraudación y cohecho. El caso involucra el pedido de dádivas en nombre del Estado para regularizar la situación tributaria de un contribuyente.

¿Qué es delito de concusión?

El delito de concusión es un término legal que se refiere a un tipo de corrupción cometida por un funcionario público. En términos generales, se define como el acto en el cual un servidor público abusa de su cargo para exigir o solicitar dinero, bienes o ventajas indebidas a cambio de realizar un acto que ya está dentro de sus obligaciones legales o para omitir hacer algo que también es parte de su deber.

En otras palabras, la concusión ocurre cuando un funcionario público utiliza su posición de autoridad para extorsionar a una persona, empresa u otra entidad para obtener un beneficio personal ilegítimo. Esta práctica es considerada un delito porque viola la ética y la integridad en el ejercicio de la función pública.