PolÃtica | La Rioja
FiscalÃa solicita investigar a más de 1000 empleados del Gobierno por fraude en Plan Social
La FiscalÃa Federal de La Rioja solicita al juez de la jurisdicción investigar a 1.060 personas que presuntamente cobraron de manera indebida los beneficios del plan "Potenciar Trabajo". Además, se pide una investigación más profunda sobre los funcionarios responsables de otorgar estos beneficios, alegando violación de deberes públicos.
09-01-2024
La Fiscalía Federal de La Rioja, bajo la dirección de María Virginia Miguel Carmona, ha presentado una solicitud al juez local, Daniel Herrera Piedrabuena, para investigar a 1.060 individuos que, según la fiscalía, habrían defraudado a la Administración Pública Nacional al beneficiarse indebidamente del Programa Nacional "Potenciar Trabajo". Se busca indagar a estas personas por el presunto delito de defraudación en perjuicio del Estado.
Además de las imputaciones individuales, la fiscalía insta a una investigación más exhaustiva para identificar a los funcionarios provinciales y nacionales responsables de conceder estos beneficios. Se argumenta que estos funcionarios podrían haber violado sus deberes públicos al no aplicar la normativa que impide otorgar el plan a aquellos que no cumplen con los requisitos legales. Se señala que esta omisión no solo causó un perjuicio económico al Estado Nacional, sino que también pudo haber privado a quienes realmente necesitan esos fondos para subsistir.
La solicitud de la fiscal Miguel Carmona se basa en una investigación previa llevada a cabo por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), dirigida por el fiscal federal Guillermo Marijuan. Esta investigación reveló presuntas actividades ilícitas por parte de beneficiarios del programa, quienes simultáneamente eran empleados del Gobierno de la Provincia de La Rioja. Según la fiscalía, estas personas incumplieron los requisitos del Programa Potenciar Trabajo al desempeñar funciones en relación de dependencia.
La pesquisa identificó pagos irregulares que habrían causado un perjuicio estimado de $82.680.000 al patrimonio nacional. La Fiscalía ahora solicita al juez que habilite la feria judicial, cite a las 1.060 personas imputadas para prestar declaración indagatoria y tome medidas de prueba. También se insta al Ministerio de Capital Humano a suspender de manera urgente los planes sociales involucrados en el presunto fraude.