La Justicia evalúa conceder arresto domiciliario a Cristina Kirchner

El escenario judicial de Cristina Fernández de Kirchner entra en una fase decisiva. Luego de que la Corte Suprema ratificara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, el Tribunal Oral Federal 2 se encuentra analizando si le otorga arresto domiciliario, medida que, según diversos trascendidos, ya contaría con una inclinación favorable entre los magistrados.

Aunque formalmente el proceso sigue su curso, en los pasillos de Comodoro Py se percibe un contexto cargado de tensiones políticas. No son pocos los que advierten que la presión ejercida por el kirchnerismo –con actos, discursos y una marcha programada para este miércoles– comienza a surtir efecto en los tiempos y decisiones de la Justicia.

El tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso analiza imponer restricciones al beneficio, como limitar el uso del balcón, habitual escenario de mensajes públicos de la expresidenta, o su presencia en redes sociales. Aunque se trataría de medidas inéditas, se evalúan para evitar que la detención se transforme en una tribuna de resistencia política.

El informe técnico ya determinó que la vivienda de Constitución es apta para cumplir con el arresto. Además, Cristina cuenta con custodia oficial, argumento que su defensa, encabezada por Carlos Beraldi, usó junto con su edad (72 años) y el atentado que sufrió en 2022 como fundamentos centrales del pedido de arresto domiciliario.

En paralelo, el Gobierno de Javier Milei sigue el caso con atención. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, alertó que el problema no sería solo la prisión domiciliaria, sino “las condiciones excepcionales” que podrían otorgarse. “Leía que por ahí le permitían comunicarse o salir al balcón”, deslizó con tono crítico.

La movilización del kirchnerismo prevista para el miércoles preocupa tanto al Ejecutivo como al Poder Judicial. Por eso, una de las alternativas que se barajan es notificar electrónicamente la decisión antes del acto, buscando desactivar el clima de protesta. Sin embargo, desde el entorno de la expresidenta ya aseguraron que la marcha se realizará igual.

El dilema central está en juego: ¿puede la Justicia sostener su independencia ante la presión de una parte del poder político? Las señales que llegan desde los tribunales sugieren que los tiempos judiciales y los movimientos partidarios avanzan cada vez más en sintonía.