La Justicia obligó a una empleada pública a devolver $4 millones que recibió por error

La Justicia de Neuquén ordenó que una empleada del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU) devuelva cuatro millones de pesos que el organismo provincial había depositado por error en su cuenta bancaria.

La resolución fue dictada por el juez Martín Peliquero, quien consideró probado que la transferencia se produjo por un error administrativo y que la trabajadora utilizó el dinero pese a saber que no le correspondía.

Según surge del expediente, la equivocación ocurrió cuando la Dirección de Tesorería del organismo realizó una transferencia a la cuenta sueldo de la empleada debido a la similitud entre nombres, lo que provocó que los fondos llegaran a la persona equivocada.

El dinero fue utilizado para comprar un terreno

De acuerdo con la demanda presentada por el organismo provincial, cuando el IPVU se comunicó con la trabajadora para advertirle sobre el error, la mujer aseguró inicialmente que desconocía la situación.

Sin embargo, en un segundo contacto manifestó que creía que el dinero podía estar vinculado con un juicio y reconoció que ya había utilizado parte de la suma para comprar un terreno, negándose en ese momento a devolverla.

Posteriormente, los registros bancarios confirmaron movimientos y extracciones realizados después de que la empleada supiera que la transferencia había sido realizada por equivocación.

El análisis judicial: enriquecimiento sin causa

El caso también fue investigado en el ámbito penal por la posible apropiación de dinero ajeno, aunque ese proceso finalizó con un sobreseimiento por extinción de la acción penal, luego de que la acusada pagara la multa mínima prevista.

No obstante, en el proceso civil el magistrado determinó que correspondía analizar los hechos bajo la figura de “enriquecimiento sin causa”, prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Esta normativa establece que ninguna persona puede beneficiarse económicamente de un error que perjudique a otra parte sin una justificación legal.

Durante el juicio, la trabajadora sostuvo que no tuvo intención de apropiarse del dinero, y argumentó que su situación económica y la posterior exoneración de su cargo le impidieron devolver el monto de inmediato. También solicitó que se reduzcan los intereses y se tengan en cuenta las retenciones ya realizadas sobre su salario.

Sin embargo, el juez concluyó que el organismo público sufrió una pérdida económica involuntaria y que la empleada recibió un beneficio que no tenía derecho a conservar, por lo que deberá restituir los cuatro millones de pesos.