En la previa del paro convocado por la CGT contra la reforma laboral, la Casa Rosada ratificó la política de "día no trabajado, día no pagado". ATE y UPCN denunciaron extorsión y anticipan alto acatamiento.
En un escenario de creciente confrontación con los gremios, el Gobierno nacional confirmó que descontará el salario y el presentismo a los empleados públicos que se sumen al paro general convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral.
La advertencia fue dirigida especialmente a la administración pública nacional, luego de que Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) confirmaran su adhesión total a la medida de fuerza.
Desde la Casa Rosada ratificaron la política de “día no trabajado, día no pagado”. Según fuentes oficiales, se descontará la jornada completa y el ítem de presentismo a quienes no concurran a sus puestos. El Ejecutivo sostiene que la medida busca austeridad fiscal y desalentar el ausentismo para reducir el impacto del paro.
El rechazo gremial fue inmediato. Desde ATE calificaron la decisión como “extorsiva” y violatoria del derecho constitucional a huelga (artículo 14 bis). Su secretario general, Rodolfo Aguiar, aseguró que las amenazas de descuentos no frenarán el descontento, marcado por la pérdida del poder adquisitivo.
Pese a la advertencia oficial, se espera alto acatamiento en el sector público, con fuertes complicaciones en servicios clave:
Dependencias nacionales: oficinas de ANSES, PAMI, AFIP y registros civiles cerradas o con atención mínima.
Salud pública: hospitales nacionales solo con guardias de emergencia, reprogramación de turnos y suspensión de consultorios externos.
El choque entre el Gobierno y los sindicatos suma un nuevo capítulo a la discusión por la reforma laboral, con servicios resentidos y un clima de conflicto que escala.