Reforma laboral: Las cuentas sueldo podrían dejar de ser gratuitas

La reforma laboral que impulsa el Gobierno introduce un cambio de fondo en la forma en que los trabajadores registrados podrían cobrar sus salarios. Si el proyecto prospera en el Congreso, las históricas cuentas sueldo gratuitas dejarían de estar garantizadas por ley, una modificación que impacta de lleno en millones de empleados.

El punto clave está en la reforma del artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hasta ahora establecía que el salario debía acreditarse en una Cuenta Sueldo Bancaria regulada por el Banco Central, lo que aseguraba la gratuidad en la apertura, el mantenimiento y las extracciones. La nueva redacción conserva la obligación de depositar el sueldo en una cuenta a nombre del trabajador, pero elimina la referencia explícita a la cuenta sueldo y a su carácter gratuito.

Este cambio abre un nuevo escenario: ya no habría una obligación legal de que el cobro del salario se realice sin costos, y quedaría en manos de las entidades financieras o fintech definir sus condiciones comerciales. En caso de aplicarse cargos, el costo recaería sobre el trabajador, como titular de la cuenta.

En paralelo, la reforma también habilita una disputa estratégica entre bancos tradicionales y billeteras virtuales. Al no exigir que el salario se deposite en una cuenta bancaria, el proyecto abre el negocio del pago de sueldos a plataformas no bancarias, algo que hasta ahora estaba prohibido. Así, un empleador podría optar por pagar salarios a través de billeteras virtuales como Mercado Pago, ampliando el abanico de opciones.

El interés detrás de esta discusión es enorme. Según datos del Banco Central, existen cerca de 20 millones de cuentas sueldo en la Argentina, un volumen que representa un activo clave para el sistema financiero. Estas cuentas permiten captar clientes con ingresos estables, ofrecer otros productos financieros y administrar una importante masa de fondos.

Si la reforma avanza, el esquema histórico de cuentas sueldo gratuitas podría transformarse, dando paso a un modelo donde la gratuidad deje de ser un derecho asegurado y pase a depender de decisiones comerciales, con impacto directo en el bolsillo de los trabajadores.