El gobierno provincial busca frenar la ola de intimidaciones en escuelas con una medida inédita: trasladar el costo millonario de los operativos a los responsables y sus familias.
En medio de una creciente ola de amenazas de tiroteos en escuelas, el gobierno de Santa Fe tomó una decisión contundente: los padres de los alumnos responsables deberán pagar el costo de los operativos policiales, que pueden alcanzar entre 5 y 6 millones de pesos por caso.
El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, quien remarcó que estas situaciones “no son una broma, sino un delito”. La medida apunta a desalentar este tipo de conductas que generan alarma social, interrupción de clases y despliegues masivos de seguridad.
Solo el último viernes se registraron 65 amenazas en distintos establecimientos educativos, muchas de ellas a través de carteles dejados en baños escolares. Cada denuncia activa un protocolo que incluye la intervención de policía, bomberos, servicios de emergencia y fiscalía, además de operativos especiales con refuerzos.
El costo de estos despliegues es millonario, y ahora será imputado a los responsables o a sus familias, una vez comprobada su participación en los hechos.
Desde el gobierno explicaron que este fenómeno responde en parte al llamado “efecto copycat”, donde casos aislados se vuelven virales y se replican rápidamente. Esto obliga a tratar todas las amenazas como reales, elevando el nivel de alerta y complejidad de los operativos.
Además, se advirtió que estos hechos constituyen el delito de intimidación pública, lo que puede generar antecedentes penales que afecten a futuro trámites como permisos o certificaciones.
Las autoridades confirmaron que ya hay detenidos e imputados, tras una serie de allanamientos y peritajes tecnológicos. El trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación incluye el análisis de redes sociales, rastreo de IP y secuestro de dispositivos electrónicos, herramientas clave para identificar a los autores.
Por tratarse en muchos casos de menores de edad, los detalles de las causas se mantienen bajo reserva, aunque se enfatizó que las investigaciones avanzan con firmeza.
Desde el área educativa, el ministro José Goity señaló que se reforzarán programas de educación digital y convivencia escolar, con el objetivo de prevenir este tipo de conductas.
La vocera oficial Virginia Coudannes insistió en que la problemática requiere un abordaje conjunto con las familias, ya que las consecuencias son tanto penales como económicas.
Con esta medida, Santa Fe busca enviar un mensaje claro: las amenazas en escuelas tienen consecuencias reales, tanto en la Justicia como en el bolsillo.