SOCIEDAD | Seguridad rural

Buscan endurecer las penas contra la caza furtiva en campos bonaerenses: Multas de hasta $45 millones

Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense propone crear una nueva figura de "contravención grave contra la seguridad rural" para combatir una problemática que preocupa a productores y familias del interior. La iniciativa contempla fuertes sanciones económicas, decomisos e inhabilitaciones.

Buscan endurecer las penas contra la caza furtiva

Buscan endurecer las penas contra la caza furtiva

Hace 51 minutos.

La caza furtiva en establecimientos rurales podría enfrentar un fuerte endurecimiento de las sanciones en la provincia de Buenos Aires. El diputado provincial Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, presentó un proyecto de ley que busca prohibir expresamente la caza no autorizada en predios privados y castigar con multas de hasta $45 millones, además del decomiso de vehículos, armas y perros utilizados en estas prácticas.

La iniciativa plantea incorporar la figura de "contravención grave contra la seguridad rural", con el objetivo de proteger la propiedad privada, la fauna silvestre y la seguridad de quienes viven y trabajan en el campo.

Entre las conductas que se pretenden sancionar figuran el ingreso ilegal a establecimientos rurales para cazar, la organización de cuadrillas, el transporte de perros o armas con ese fin y el uso de vehículos para desarrollar estas actividades. Las penas serán aún más severas cuando participen grupos organizados, la caza se realice durante la noche o en áreas protegidas.

El proyecto también propone crear un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada, que estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad bonaerense, además de establecer inhabilitaciones de hasta 15 años para obtener permisos de caza y la posibilidad de una prohibición permanente para los reincidentes.

Otro de los puntos destacados es la protección de los animales utilizados en estas actividades. Los perros decomisados deberán recibir atención veterinaria y podrán ser entregados a refugios o incorporados a programas de adopción responsable.

Bugallo argumentó que la legislación vigente ya no alcanza para frenar un problema que se repite en distintas zonas rurales de la provincia, donde productores denuncian el ingreso de cazadores que ponen en riesgo a las familias, provocan daños materiales y afectan la fauna silvestre.

La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación del sector agropecuario y de entidades vinculadas a la seguridad rural, que vienen reclamando herramientas más eficaces para combatir la caza furtiva organizada, una problemática frecuente en amplias regiones del interior bonaerense.

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