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La Cámara de Casación ordenó ejecutar activos para recuperar fondos públicos en uno de los casos de corrupción más relevantes del país. El decomiso alcanza más de 100 propiedades, incluyendo bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y el empresario Lázaro Báez.
Cristina Kirchner
La Justicia dio un nuevo paso en la causa Vialidad al ordenar la ejecución de bienes de los condenados, con el objetivo de resarcir al Estado por el perjuicio económico derivado de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz.
El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, integrantes de la Cámara de Casación, en el marco de una condena firme por administración fraudulenta que incluye el decomiso de activos.
La resolución busca garantizar una “recuperación real y efectiva” de los fondos considerados desviados.
El decomiso alcanza un total de 111 inmuebles:
La medida también contempla avanzar sobre empresas y otros activos vinculados a los condenados.
La Justicia dejó claro que, si el valor de los bienes no cubre el monto fijado, se avanzará sobre el patrimonio de otros implicados, como el exsecretario de Obras Públicas José López y exfuncionarios de Vialidad.
El objetivo es que el decomiso no quede en una declaración simbólica, sino que implique una recuperación concreta del dinero público.
Las defensas intentaron limitar el alcance del decomiso, cuestionando la falta de “trazabilidad directa” entre algunos bienes y el delito.
En el caso de Cristina Kirchner, se buscó excluir propiedades transferidas a sus hijos, pero la Cámara rechazó ese planteo y avaló avanzar con la ejecución.
La decisión marca un punto clave en la etapa final del proceso: hacer efectiva la condena y avanzar en el recupero de activos en una causa emblemática.
Más allá de las implicancias políticas, el mensaje del tribunal es contundente: los bienes vinculados al delito deben volver al Estado.
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