Fallo histórico en Córdoba: La Justicia responsabilizó a la vacuna Sputnik V por la muerte de una joven

En un fallo que ya genera fuerte repercusión en todo el país, la Justicia Federal de Córdoba determinó que la muerte de Melín Agustina Sartori, una joven de 24 años, estuvo vinculada a una reacción adversa provocada por la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. La resolución obliga al Ministerio de Salud de la Nación a pagar una indemnización cercana a los 95 millones de pesos.

La decisión fue tomada por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que reconoció la existencia de una trombosis con trombocitopenia inducida por la vacuna, luego de analizar informes médicos y pericias científicas incorporadas al expediente.

El caso se remonta al 29 de julio de 2021, cuando Melín falleció tras sufrir un cuadro neurológico irreversible. La joven, deportista y sin antecedentes de salud, había recibido la primera dosis de Sputnik V apenas dos semanas antes. Según consta en la causa, comenzó con fuertes cefaleas y vómitos a los pocos días de la vacunación, síntomas que rápidamente derivaron en una situación crítica.

La demanda fue impulsada por su madre, María Virginia Ruiz, quien durante años sostuvo el reclamo para visibilizar el caso y exigir respuestas. El abogado de la familia, Martín Barbará, explicó que el proceso judicial fue complejo debido a que en ese momento no existían protocolos claros de farmacovigilancia ni procedimientos específicos para reportar este tipo de eventos adversos.

Uno de los puntos clave del fallo fue el informe elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), organismo que reconoció formalmente el vínculo entre la aplicación de la vacuna y el daño sufrido por la joven.

Además, la sentencia expuso dos falencias determinantes: la falta de monitoreo y control farmacológico sobre posibles efectos adversos y la ausencia de preparación del sistema sanitario para actuar frente a cuadros de estas características.

La resolución judicial establece que el Estado deberá abonar una compensación equivalente a 240 haberes mínimos jubilatorios, cifra que actualmente ronda los 95 millones de pesos.

Pese al impacto económico y jurídico del caso, la familia sostuvo que el principal objetivo siempre fue que la situación no quedara silenciada y que sirviera como antecedente para futuras investigaciones médicas y judiciales vinculadas a reacciones adversas tras la vacunación contra el Covid-19.