El organismo internacional incluyó observaciones poco habituales sobre transparencia, rendición de cuentas e independencia judicial. El planteo se conoció mientras sigue pendiente la presentación de declaraciones juradas de altos funcionarios nacionales.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó una observación inusual sobre la situación institucional de Argentina al advertir que el país necesita fortalecer sus mecanismos de prevención de la corrupción, especialmente en lo relacionado con las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.
La referencia aparece en el informe correspondiente a la segunda revisión del acuerdo firmado con Argentina, instancia que permitió destrabar un desembolso de US$ 1.050 millones, pese a que no se alcanzaron las metas de acumulación de reservas previstas para el Banco Central.
En uno de los apartados del documento, el organismo señaló que los actuales sistemas de control presentan “verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual” en materia de declaraciones de activos y patrimonio.
El informe también manifestó preocupación por la rendición de cuentas de los altos funcionarios y advirtió que persisten cuestionamientos vinculados a la independencia judicial y a la resolución de causas de alto perfil.
Según el FMI, distintas evaluaciones internacionales continúan detectando demoras en investigaciones relevantes y mecanismos insuficientes de control institucional, por lo que recomendó avanzar en una mayor transparencia judicial y fortalecer la independencia de fiscales y organismos de control.
La observación adquiere especial relevancia porque coincide con el debate sobre la presentación de declaraciones juradas de funcionarios nacionales. Actualmente, el plazo legal para cumplir con ese requisito fue extendido hasta el 31 de julio, luego de una prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo.
Si bien el FMI cuenta desde 2018 con un Marco de Gobernanza y Anticorrupción que le permite evaluar cómo las debilidades institucionales impactan en la economía de los países, se trata de uno de los señalamientos más directos realizados sobre Argentina en el marco de un acuerdo financiero vigente.
El documento deja en evidencia que, además de las variables económicas, el organismo comenzó a prestar una atención creciente a aspectos vinculados con la transparencia estatal, la lucha contra la corrupción y la calidad institucional, factores que considera claves para garantizar la estabilidad y la confianza de los inversores.
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