La Justicia frena al Gobierno: Ordenan restituir el pago del programa Volver al Trabajo

El Juzgado Federal de Campana dictó una medida cautelar que frena la eliminación del programa Volver al Trabajo (VAT) y ordena al Estado nacional restablecer de inmediato las prestaciones económicas para sus beneficiarios. La decisión impacta directamente en cerca de un millón de personas que dependen de este ingreso.

El fallo, firmado por el juez Adrián González Charvay, establece que el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, deberá pagar los $78 mil adeudados en un plazo máximo de tres días y sostener el programa hasta que haya una resolución definitiva.

La medida judicial surge luego de que el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, avanzara con la eliminación del VAT y su reemplazo por un sistema de voucherización de programas sociales, presentado como el fin de los planes tradicionales.

Sin embargo, el magistrado fue contundente: el nuevo esquema “no constituye una alternativa equivalente”, ya que no garantiza condiciones mínimas de subsistencia. En ese sentido, invocó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el principio de no regresividad de los derechos sociales, subrayando que el recorte compromete derechos básicos.

El programa Volver al Trabajo había reemplazado previamente al Potenciar Trabajo y canalizaba el pago del salario social complementario, vigente desde 2017. Su interrupción, a comienzos de abril, motivó una acción colectiva de beneficiarios que derivó en esta resolución judicial.

Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que agrupa a diversas organizaciones sociales, celebraron el fallo y lo consideraron un respaldo clave a los sectores más vulnerables.

En paralelo, fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno apelará la decisión, lo que anticipa un nuevo capítulo en la disputa judicial por la política social en Argentina.

En un contexto de ajuste y redefinición del gasto público, la resolución abre un fuerte debate sobre el alcance de las reformas y el rol del Estado en la protección social.