Por Dr. Juan José Álvarez

Mucho se habla, y desde hace bastante tiempo sobre diversas recetas para recuperar los ni-veles de seguridad que la Argentina tuvo hasta hace algo más de una década.
Desde comienzos de mi gestión vengo sosteniendo el peligro de recurrir a soluciones fáciles, inmediatas, como si obrasen como expedientes idóneos para dar cuenta de esta importante demanda de la población.
No hay, no existe en seguridad, soluciones que se obtengan de un día para el otro, dado que los problemas y factores que produjeron este aumento en la amenaza a nuestra seguridad sur-gen de un proceso de larga data.
Para volver al nivel de seguridad del que gozábamos hace algún tiempo, debemos revertir di-cho proceso de deterioro, echando mano no sólo a la fuerza pública con la que cuenta el Go-bierno para hacer cumplir la ley, sino también, a aquellas acciones que eviten que más y más gente ingrese a la actividad criminal, por un lado, y disuada a los delincuentes, por otro. Es de-cir, cada vez es más importante actuar antes que el delito ocurra.
En esta inteligencia vinimos trabajando desde comienzos de año, en orden a construir con las distintas fuerzas políticas y actores involucrados en la problemática, consensos básicos que permitan dictar políticas de Estado en la materia. En este marco surge la propuesta de actuali-zar la política de control de armas del Estado nacional.
La mentada propuesta de política pública involucra los distintos aspectos que conforman la problemática del control, regulación y fiscalización del mercado de armas de fuego en la Argen-tina. Si bien la atención pública se ha centrado en la elevación de la pena para aquellos que porten ilegalmente armas de uso civil, el trabajo realizado con la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, y su par en el Senado de la Nación, no se agota en este punto.
En primer lugar, la modificación del artículo 189 bis del Código Penal se orienta a complemen-tar la actividad policial preventiva realizada a través de los operativos de seguridad en la Capi-tal Federal y sus accesos. Dichos operativos buscan obstaculizar la comisión de los delitos, lo que significa incrementar el riesgo de los delincuentes. Con la equiparación de la portación de armas ilegales de uso civil a las de guerra –tal es la distinción que existe hoy en la legislación- estamos, a su vez, incrementando el costo del delincuente que salga a la calle con un arma. De tal forma aumentamos la capacidad de disuasión del Estado, con lo cual estamos interviniendo antes que el delincuente use el arma, y no después cuando las consecuencias pueden ser irre-parables. A la par, estamos incorporando figuras penales hoy inexistentes referidas a la fabri-cación, tráfico y comercialización ilegal de armas, tema que en muchos agendas internaciona-les figura como una de las nuevas amenazas.
Asimismo, otro de los puntos de los proyectos que integran esta propuesta tiene que ver con el incremento en la capacidad de fiscalización y control del mercado legal de armas, dado que los “filtros” o fallas que aquí se tengan alimentan el mercado ilegal, una de las principales fuentes de la violencia criminal. Junto con ello se encuentra la necesidad de mejorar los estándares de seguridad de los depósitos de armas confiscadas, pues según información suministrado por las fuerzas de seguridad, dichos estándares son sumamente asimétricos en todo el país.
En resumen, el trabajo conjunto con las comisiones legislativas de ambas cámaras es el punto de partida para una serie de líneas de trabajo que den como resultado la construcción de una
política de Estado en materia de seguridad. Como dije oportunamente, no existen soluciones mágicas ni eslóganes publicitarios que por el solo hecho de recitarlos transformen la realidad. Sólo existe trabajo, decisión y conducción. Este último es nuestro camino.