DESDE EL CONGRESO: PRORROGA DE LAS FACULTADES DELEGADAS

El debate más profundo sobre los tironeos del poder

Por Armando Vidal

 

El único gran poder del Congreso es su capacidad de dar a otro el poder que le pertenece. Por eso la Constitución de 1853 le prohibió hacerlo bajo a riesgo de que los responsables sean condenados por "infames traidores a la Patria". Suena a tiempos de las cavernas pero eso es lo que se imprimió y rige en la ley suprema tras la derrota militar de Juan Manuel de Rosas con la participación de tropas extranjeras en 1852. O que fueran presos los legisladores del PJ en 1955 por orden de los golpistas de la llamada Revolución Libertadora.

 

El último debate sobre el poder se dará este miércoles en Diputados al tratarse la nueva prórroga por tres años de facultades que son del Congreso. A partir de allí y hasta el 25 de agosto de 2009, el Ejecutivo podrá seguir legislando por decreto, salvo para crear impuestos o en materia penal, electoral o sobre los partidos políticos.

 

Estas únicas limitaciones son las fijadas por la última reforma constitucional al admitir los decretos de necesidad y urgencia sólo para situaciones de emergencia y por un plazo determinado. Las otras facultades delegadas —éstas que se prorrogan ahora— provienen de la historia. Son normas de los tiempos de predemocracia (1862/ 1916), de la democracia fundacional (1916/30), de la fraudulenta (1930/43), de la autoritaria (1946/55), de las democracias endémicas (1958/62 y 1963/66), y de la condicionada (1973/76), además de los regímenes dictatoriales (1955/58, 1966/73 y 1976/83) y de la versión de la democracia que transcurre desde hace 23 años.

 

El marco normativo se sostiene en la siempre renovada ley de emergencia y la votada, pero no plasmada, creación de la comisión bicameral que debe tratar los DNU y los decretos derivados de la delegación de facultades.

 

Este debate que se avecina fue precedido por uno del miércoles en la comisión de Asuntos Constitucionales, cuyo presidente, Juan Manuel Urtubey, incurrió en la extrañeza de no convocar a los taquígrafos. Creyó que los radicales apoyaban y que todo sería sin importancia. Se equivocó. Por eso, sólo unos pocos disfrutaron de esa profunda discusión sobre el poder.

 

Protagonista destacado fue Pablo Tonelli (PRO), autor de un dictamen de minoría que terminó respaldando el radicalismo. En síntesis se opone a volver a aprobar lo realizado hasta 1994 por esas delegaciones, puesto que ya se lo hizo en 1999, 2002 y 2004 por leyes del mismo tenor. Y rechaza por inconstitucional seguir empleando esas facultades como ya hizo el gobierno de Néstor Kirchner en los dos últimos años.

 

La kirchnerista Diana Conti le atribuyó una visión teórica por falta de experiencia en el Poder Ejecutivo. "Se equivoca", dijo Tonelli. Y con una sonrisa ofreció a Rafael Bielsa como testigo, que asentía sentado en la otra punta de la fila oficialista. Conti olvidó que Tonelli fue subsecretario de Justicia en el gobierno de Raúl Alfonsín, igual que Bielsa lo era en otra área de esa cartera que encabezaba Enrique Paixao.

 

No eran los únicos ex funcionarios que participaron de la discusión: también lo hicieron, en contra de la ley, Jorge Vanossi (PRO) yJuan José Alvarez (Justicialista Nacional), ex ministros en la gestión de Eduardo Duhalde.

 

El ex canciller Bielsa —un constitucionalista que está a favor—, reconoció en alusión a los legisladores "que en materia de delegaciones los que menos conocen somos nosotros".

 

No las conocen pero igual los kirchneristas las van a votar. Para eso tienen el poder.