La polémica reglamentación del control parlamentario de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) -aprobada el miércoles en el Senado tras una extenuante sesión y defendida de manera enfática por la senadora Cristina Kirchner- será el principal tema de debate durante esta semana en la Cámara de Diputados.

 

Al igual que lo ocurrido en la Cámara alta, la batalla entre oficialistas y opositores promete ser áspera. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, que encabeza el kirchnerista Juan Manuel Urtubey, continuará mañana con el tratamiento de un puñado de proyectos presentados para aprobar o rechazar los decretos enviados por el Poder Ejecutivo.

 

Más allá de las buenas intenciones de algunos diputados -y la existencia en el temario de otros proyectos firmados por legisladores oficialistas como Rafael Bielsa y Alfredo Atanasof- nadie duda de que el kirchnerismo hará suyo ese día el dictamen del Senado sin solicitar ni efectuar cambios.

 

El proyecto establece la creación de una Comisión Bicameral permanente de 16 miembros que determinará la "validez o invalidez de cada decreto" antes de girarlo al pleno de ambas cámaras. La senadora Kirchner destacó que la nueva redacción había terminado con la sanción ficta, es decir que los decretos de necesidad y urgencia quedarán ratificados por el simple silencio del Congreso.

 

En su artículo 20, el proyecto autoriza a ambas cámaras a expedirse sobre el decreto enviado por el PE una vez transcurridos los 10 días de trabajo de la comisión bicameral, pero nada dice sobre los plazos con los que cuenta el Parlamento. Así, el silencio del cuerpo o el rechazo de una sola de las cámaras hará que, efectivamente, esas decisiones -usadas sin rodeos por los últimos presidentes constitucionales- sigan vigentes.

 

Este proyecto es sustancialmente diferente del que la propia senadora presentó en 2002, en el que proponía que en 20 días hábiles ambas cámaras debían expedirse sobre cada decreto. También establecía que si una sola de las cámaras lo rechazaba, el DNU quedaba sin efecto.

 

"Habrá debate, aunque no esperamos que haya consenso, y seguramente apoyaremos un proyecto similar al que salió del Senado", afirmó Urtubey. En el mismo sentido, la diputada Rosario Romero (FV-Entre Ríos) afirmó que luego de 12 años sin reglamentar los DNU -tal como lo estable la reforma constitucional de 1994- lo peor que se puede hacer "es no hacer nada". Y destacó que en los artículos 10 y 13 del proyecto se habla de la necesidad de "tratamiento expreso" del Congreso.

 

Las quejas

 

La oposición no piensa parecido. Desde el Interbloque Propuesta Federal, de Mauricio Macri, esgrimirán el proyecto de Jorge Vanossi, que establece un plazo máximo de 40 días para que el Congreso se expida sobre la validez del decreto, y 60 si es que la comisión bicameral no se expidiera. "Hay que buscar un plazo razonable de caducidad, no es posible que a partir de la reforma constitucional se haya incrementado el uso y abuso de DNU", afirmó el diputado Pablo Tonelli (Pro-Capital).

 

"Decir tratamiento expreso es decir poco. De hecho, hay muchos ejemplos, como la renegociación de contratos con empresas privatizadas, en los que el Congreso debía expedirse y no lo hizo", cuestionó la diputada de ARI Marcela Rodríguez.

 

Su proyecto -también firmado por la líder partidaria, Elisa Carrió, y Adrián Pérez- coincide en la creación de la comisión bicameral, pero establece que el no tratamiento por parte de las cámaras en 30 días o el rechazo de una de ellas hará caer el decreto.

 

Con similares argumentos se opondrán desde el radicalismo. "El problema es básicamente del Congreso. ¿A quién le vamos a echar la culpa si no ponemos plazos y no nos obligamos a que las cámaras de expidan?", se sinceró el diputado Mario Negri.

 

Desde el justicialismo nacional, Juan José Alvarez afirmó: "Hay que superar la tentación de legislar por decreto sin control político. Hoy el Ejecutivo tiene más facultades para legislar que el Legislativo".

 

Desde el kirchnerismo, el titular de la Cámara baja, Alberto Balestrini, consideró que "la reglamentación de los DNU era un reclamo permanente, una aspiración que viene desde la incorporación de este instrumento a la Constitución en la reforma de 1994".

 

Para Urtubey, "es una gran mejora para el sistema institucional tener una comisión bicameral que se dedique a tratar todo lo relacionado con DNU porque en la actualidad es difícil que se traten en el Congreso".

 

El apoyo no es unánime. El ex canciller Bielsa presentó en los últimos días un proyecto que establece un plazo de 30 días para que las cámaras se expidan sobre la validez del decreto, y en su artículo 16 fija que "si el decreto no fuera expresamente aprobado por ambas cámaras carecerá de toda validez y eficacia".

 

Paradojas de un oficialismo que, sin embargo, confía en alcanzar la mayoría necesaria para impulsar el proyecto que defendió, a capa y espada, la senadora y primera dama.

 

Por Jaime Rosemberg

De la Redacción de LA NACION