Los testimonios brindados ayer ante la Sala Juzgadora de la Legislatura por el ex secretario de Seguridad y Justicia porteño Juan José Alvarez y por su sucesor, el actual secretario de Seguridad de la ciudad, Diego Gorgal, resultaron a todas luces negativos para la anterior gestión del área, a cargo de Juan Carlos López, porque demostraron que con prácticamente el mismo personal y la misma normativa podía realizarse el triple de inspecciones y depurarse el padrón de locales de distintos rubros habilitados en la Capital.

O sea que el poder de policía podía ser administrado y aplicado mejor que como se venía haciendo, un dato de peso en el juicio político a Aníbal Ibarra por mal desempeño, porque los principales cargos imputados en su contra tienen relación con el ineficaz ejercicio de esa potestad, que supuestamente creó las condiciones previas para que la tragedia de Cromagnon pudiera ocurrir y tuviera consecuencias de magnitud, como la muerte de 193 personas.

Deberán los 15 miembros de la Sala Juzgadora, al fin de la etapa de debate oral, inferir de los elementos recogidos de las declaraciones y de la prueba documental si la responsabilidad política sobre las irregularidades ya descubiertas en el área de control -junto con la falta de atención de las alertas institucionales y el manejo de la emergencia- alcanza al suspendido jefe de gobierno o queda restringida a niveles inferiores del gobierno porteño.

"Clausuré locales con la normativa vigente antes de Cromagnon, para algunos incluso demasiados. Debe haber habido alrededor de 500 clausuras. Las enfrenté con el mismo personal y con la normativa vigente", sostuvo Alvarez al responder a las preguntas de la acusación.

Luego, al ser consultado por la defensa de Ibarra, aclaró que entre esa normativa estaban los decretos de necesidad y urgencia firmados por él y por el funcionario desplazado. Pero luego ratificó sus dichos iniciales: admitió que "por la ordenanza 50.250 [previa al incendio en Once] los inspectores tenían potestad para clausurar ante la falta del certificado de instalaciones contra incendio al día" y admitió que buena parte de las discos cerradas tras la tragedia no hubieran podido reabrir por incumplimiento de la normativa anterior.

"Yo aplicaba el poder de policía con toda la contundencia. Si dijera que no se podía hacer, estaría en un problema", agregó el hoy diputado nacional duhaldista.

¿Cómo lo hizo si antes no se hacía? La fórmula la explicó así: "Con saturación de inspecciones, más concentración de los recursos en los lugares críticos, más una clara señal de que los operativos eran transparentes". Para determinar estos puntos críticos, claro, Alvarez debió confeccionar un mapa de riesgo porque no conoció -dijo- ningún mapa anterior. "Para nosotros era fundamental elaborarlo, para también tener la posibilidad de asignar adecuadamente las inspecciones", expresó. 

El diputado asumió al frente de la entonces Secretaría de Seguridad y Justicia el 7 de enero de 2005, pocos días después del incendio en la disco de Bartolomé Mitre 3060, y emprendió una "oleada de inspecciones", según las palabras que él empleó ayer. "Eran parte de una política que decía a la sociedad y a quienes lucran con actividades que generan riesgo «Estamos controlando»", describió.

Además, recordó que, cuando llegó a la Ciudad, había unos 200 locales bailables habilitados y que ignoraba cuántos funcionaban. "Pero sólo 50 reabrieron durante mi gestión; entiendo que hoy son 70. El resto no cumplía los requisitos de seguridad", dijo.

Alvarez permaneció en el gobierno porteño hasta fines de abril. En cuatro meses, recordó ayer, hizo "unas 15.000 inspecciones", un número casi igual a las 16.000 realizadas en todo 2004. De todas maneras, aclaró, "el éxito de una gestión está en que se sistematicen las clausuras".

De que las clausuras habían quedado sistematizadas dio cuenta Gorgal, que era subsecretario de Alvarez y luego lo reemplazó. Informó que en todo 2005 la cifra ascendió a 50.000 inspecciones. "Llegamos a revisar todo el universo de establecimientos educativos privados y el 75% de los de salud privados", ejemplificó.

Sobre la gestión previa a la que compartió con Alvarez, consideró que "desde la conducción faltaba decidir los criterios y los objetivos de los controles, sobre los cuales los cuadros intermedios luego diseñaran la rutina de inspecciones".

Y admitió que existe una deficiencia en el sistema de sanción, dependiente de la Subsecretaría de Justicia. "No es lo suficientemente severo para corregir las conductas detectadas con el control. Hay locales que los cerramos varias veces, pagan una cómoda multa y vuelven a abrir", concluyó.