El ex secretario de Seguridad y Justicia porteño, Juan José Alvarez, aseguró hoy que antes de que se produjera la tragedia de Cromañón "había gente valiosa y mecanismos adecuados" de control, y consideró que, a pesar de la existencia de esa estructura "correcta" de control, "no alcanzó". Alvarez agregó que el propio Ibarra se informaba personalmente de cómo se desarrollaba su gestión: "Era un tema de consulta muy habitual".

 

  

Alvarez señaló que, cuando asumió el 7 de enero de 2005, ocho días después del incendio que causó 194 muertes, "no es que no existía nada" en esa dependencia comunal: "Sobre la estructura que había, teníamos que redireccionarla en función de la situación concreta y lo que son mis criterios objetivos con los cuales gestiono".

 

El actual diputado nacional, que declaró hoy como testigo en el juicio político contra el suspendido jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, afirmó que en esa secretaría "había gente valiosa, mecanismos adecuados, gente con nivel de formación correcto, pero no alcanzó".

 

Asimismo, dejó en claro que "ninguna autoridad política puso cortapisa" a su gestión, "no las he tenido. Los lineamientos eran claros: saturación de inspecciones, concentración de recursos en lugares críticos, clarísima señal a la sociedad de que esos eficaces operativos fueran transparentes. Todas estas cuestiones estaban claras, no había ninguna recomendación de hacer algo distinto".

 

Alvarez agregó que el propio Ibarra se informaba personalmente de cómo se desarrollaba su gestión: "Era un tema de consulta muy habitual".

 

El diputado indicó que, al asumir su cargo, "llego a un lugar donde había evidentemente una enorme crisis" en el cual, agregó, había "un fuerte shock", así como "necesidades concretas".

 

Recordó que "los cuadros de la burocracia intermedios estaban en un fuerte shock, cuestionados por el conjunto de la sociedad y en función de uno de los dramas más espantosos que podemos imaginar".

 

"Frente a esa situación, nuestra gestión, la mía, que duró cuatro meses, estaba marcada por ese estado de situación al que llego. No podíamos decirle a la gente 'ha pasado lo que todos sabemos, hay un área fuertemente cuestionada, entonces vamos a cerrar durante un tiempo para ver cómo reiniciamos nuestra tarea'. Había necesidades concretas", indicó.

 

Según el ex funcionario porteño, "ese fue un momento particularmente complejo para todos nosotros. Intentamos rápidamente poner de pie una capacidad fundamental irrenunciable del Estado, que es la capacidad de fiscalización, para que en adelante los porteños se sintieran seguros cuando accedieran a los servicios de esta ciudad".

 

En ese sentido, resaltó que las inspecciones se concretaron "sin importar quiénes estaban detrás de los locales y sus niveles de facturación".

 

En ese momento, "había unos 200 boliches funcionando en la Ciudad. A partir de la creación del registro, eran algo menos de 50 los que estaban en orden y podían reiniciar su tarea una sencilla y eficaz solución".

 

"Fue fundamental elaborar el mapa de riesgo", que "tenía que ver con las posibilidades de asignar los recursos", y destacó que cuando un inspector llegaba a un local cerrado, "era una luz amarilla", y si estaba abierto, "si creía que tenía que clausurar, clausuraba".

 

Alvarez evaluó que "las denuncias (de vecinos a las sedes policiales o comunales) eran importantes, es prudente atenderlas, pero una actitud reactiva sería muy poco. Hay que tener una rutina de inspecciones. De nada sirve que la semana equis se hagan 50 mil inspecciones, si después no se van a hacer más. Logramos avanzar sobre una sistematización, que fue positiva".

Tanto la fiscalía como la defensa del juicio político contra Aníbal Ibarra esperaban más de la declaración del ahora diputado nacional Juan José Alvarez. Sin embargo, las dos partes quedaron conformes con los testimonios del ex funcionario, a quien convocó Aníbal Ibarra una semana después del trágico accidente en el local República de Cromañón, tras la renuncia de Juan Carlos López. Se esperaba que la declaración del bonaerense actuara como bisagra en el proceso, pero Alvarez habló más de sí mismo y sus competencias que de Cromañón. Los ibarristas quizá pretendían que el ex secretario aseverara que todo funcionaba perfectamente al momento de su arribo y, en cambio, la oposición, que todo era un caos.

En realidad, Alvarez se animó a defender más a Ibarra, pero ya fuera del recinto donde se llevan las audiencias, es decir, ante los medios. Por eso para la oposición su testimonio perjudicó a Ibarra porque «con las normas que ya existían pudo clausurar locales». Para la defensa, habló bien del suspendido jefe de Gobierno «porque dijo que lo acompañó en todo sin restricciones».

Alvarez, con largas respuestas que fundamentalmente versaron sobre su manera de gestionar, aseguró que se presentó ante la Sala Juzgadora (podía declarar por escrito) sin intenciones de «inculpar ni exculpar a nadie», sino de explicar los pasos para «recuperar la capacidad de fiscalización» en un escenario de «crisis» en la Ciudad, luego de Cromañón.

«Llegué a la Secretaría de Seguridad, a un lugar con una enorme crisis», dijo el ex funcionario y aclaró: «Vine a un gobierno con el cual no tenía ninguna relación política, ni partidaria, de ningún tipo. Ni siquiera soy vecino de la Ciudad».

• Poder de clausurar

Una de las cuestiones importantes que destacaron los fiscales es que Juanjo Alvarez demostró que «los inspectores tenían poder de policía para clausurar con las normas en vigencia», pero que no se aplicaron.

«Con la normativa vigente al 7 de enero de 2005 -ocho días después de la tragedia- se hicieron quinientas clausuras. El poder de policía no se interpretaba, se aplicaba», afirmó Alvarez -quien condujo el área de Seguridad durante cuatro meses-, lo que fue interpretado como que la gestión anterior era deficiente, teniendo en cuenta que el local República de Cromañón carecía de la habilitación por medidas de seguridad contra incendios que otorgan los Bomberos de la Policía Federal.

Antes de Alvarez declaró su sucesor en el cargo, el actual secretario de Seguridad, Diego Gorgal, y también afirmó que la falencia de certificación o el vencimiento del certificado de Bomberos era una causal de clausura. Eso resultó para la fiscalía casi la evidencia que estaban buscando para adjudicar a Ibarra mal desempeño, aunque inspectores que declararon en audiencias anteriores aseguraron que la normativa no les permitía clausurar, sino intimar.

Les preguntaron si los inspectores pueden consultar por handy, en medio de un operativo, si clausuran o no, como habían narrado otros testigos: «A un inspector no se le puede dar una potestad a medias. No hay limitación para eso», dijo Alvarez -«No». y Gorgal fue rotundo: Para la defensa de Ibarra, que el área funcionara con irregularidades no implica que el jefe de Gobierno sea acusado de mal desempeño. En cambio, para los acusadores es suficiente.

Por otra parte, Gorgal reveló que separó momentáneamente de su cargo a Paula Trunso, la funcionaria que supuestamente organizó una reunión entre Ibarra y un inspector que debía declarar como testigo en la Sala Juzgadora. Eso cayó mal en la defensa, que viene desestimando el episodio.