Del «robo viral» al conflicto comercial: El giro que sacude al caso del influencer agro

El caso del influencer rural Bruno Riboldi, conocido como “La Joya Agro”, pasó en cuestión de horas de ser un impactante episodio de abigeato viral a convertirse en una compleja disputa comercial bajo investigación judicial.

Todo comenzó con un video que generó millones de visualizaciones en redes sociales, donde el productor denunciaba el robo de 190 cabezas de ganado en su campo de Santa Teresa, Santa Fe. La publicación no solo despertó una fuerte reacción pública, sino que aceleró un operativo policial que logró recuperar 161 animales en un feedlot de Chabás.

Sin embargo, con el avance de la causa, el foco cambió drásticamente.

La Justicia, a cargo del fiscal Ramiro Martínez, imputó a Nicolás Coscia por el delito de defraudación por abuso de confianza, descartando por el momento la hipótesis de un robo tradicional. Según la investigación, entre Riboldi y el acusado existía una sociedad ganadera previa, basada en un sistema de capitalización de hacienda, una práctica habitual en el sector.

Este modelo implica que un productor entrega animales para su engorde y posterior venta, compartiendo las ganancias. En ese marco, Coscia tenía a su cargo tanto el engorde como la comercialización del ganado.

La acusación sostiene que el imputado habría vendido parte de los animales sin autorización, utilizando documentación que ahora está bajo análisis, especialmente los Documentos de Tránsito Electrónico (DT-e) gestionados ante el SENASA. Incluso, se investiga si hubo maniobras para simular movimientos de hacienda que no se correspondían con la realidad.

A esto se suma un dato relevante: el acusado arrastra una delicada situación financiera, con deudas millonarias, cheques rechazados y calificación de alto riesgo en el sistema bancario.

No obstante, el caso dista de ser lineal. Desde el entorno de Coscia aseguran que la venta de los animales habría sido acordada previamente, y que existen mensajes que comprometerían la versión inicial del denunciante. Esa documentación sería clave en los próximos pasos judiciales.

En paralelo, un informe policial introduce un elemento que agrega más controversia: durante una entrevista, el propio Riboldi habría mencionado que la repercusión del caso le generó un crecimiento exponencial de seguidores, lo que alimenta dudas —aún no confirmadas— sobre el manejo comunicacional del episodio.

Por estas horas, la causa sigue abierta, con pedidos de informes al SENASA y con 29 animales aún sin localizar.

El caso deja al descubierto no solo un posible conflicto comercial en el ámbito rural, sino también el impacto de la viralización en redes sociales, donde una denuncia pública puede instalar una versión de los hechos que luego la Justicia debe desentrañar con mayor profundidad.