La toma de colegios como forma de protesta estudiantil ha desencadenado una serie de demandas legales en la Ciudad de Buenos Aires. Dos familias de estudiantes secundarios de la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) Manuel Belgrano están enfrentando una situación preocupante, ya que se les exige el pago de 2,8 millones de pesos como compensación por los daños causados por sus hijos durante la toma de la institución.
A pesar de que la toma de la escuela tuvo lugar en septiembre del año anterior, la Procuración de la Ciudad y el Ministerio de Educación han presentado demandas por daños y perjuicios contra los padres. Este caso podría ser solo el primero de muchos, ya que se espera que lleguen más demandas similares a otras familias cuyos hijos participaron en protestas estudiantiles en diversas escuelas de la Ciudad.
Durante el año 2022, se llevaron a cabo un total de 27 tomas de colegios en la Ciudad de Buenos Aires. Desde diciembre, la Procuración General de la Ciudad ha iniciado acciones legales contra 240 familias de estudiantes, lo que se traduce en una suma que supera los 61 millones de pesos. Hasta ahora, 67 familias vinculadas a 5 escuelas diferentes han recibido notificaciones legales, mientras que otras 13 demandas dirigidas a adultos de 3 escuelas están en proceso de notificación y se esperan más en el futuro.
Una de las alumnas demandadas expresó su frustración en las redes sociales, afirmando que sus padres están siendo demandados por casi 3 millones de pesos en forma de "resarcimiento" debido a su participación en la toma de la escuela. Ella sostiene que esta medida representa una "persecución a los derechos estudiantiles de protesta" y que, durante la toma, los estudiantes se dedicaron a actividades constructivas, como la limpieza y la pintura de las instalaciones escolares.
Por otro lado, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, argumentó que es responsabilidad de los adultos enseñar a sus hijos acerca de la responsabilidad y las consecuencias de sus acciones. Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad, explicaron que la cifra demandada corresponde al salario de los docentes por cada día de toma de la escuela, y señalaron que estos salarios se financian con los impuestos de los ciudadanos, ya que se trata de escuelas públicas. Además, resaltaron que la interrupción de la enseñanza se debió a "acciones ilegítimas" y a la falta de responsabilidad de los adultos al no retirar a los estudiantes de la institución durante la toma. Esta medida se ampara en las Pautas de Convivencia Escolar que rigen en la Ciudad desde 2018.
Escuchar esta noticia
