Sociedad | Provincia de Buenos Aires
Con la oficialización de la Ley 15.589, el Gobierno bonaerense refuerza los controles para garantizar el cumplimiento de las cuotas alimentarias y suma una nueva restricción para quienes figuren como morosos.
La provincia de Buenos Aires dio un paso más en el endurecimiento de las medidas contra el incumplimiento de las obligaciones familiares. A partir de la publicación de la Ley 15.589 en el Boletín Oficial, las personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) tendrán prohibido el ingreso a casinos, salas de juego y bingos en todo el territorio bonaerense.
La norma incorpora un nuevo mecanismo de control para asegurar el pago de las cuotas alimentarias y se articula con las herramientas ya existentes del Poder Judicial. En ese sentido, el Ejecutivo quedó habilitado para implementar los procedimientos necesarios que permitan a los establecimientos de juego identificar a las personas alcanzadas por la restricción.
El alcance de la ley comprende a quienes figuren en el RDAM por adeudar tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, el mismo criterio que utiliza la Justicia bonaerense para determinar la morosidad alimentaria. La iniciativa fue impulsada por el senador Germán Di Césare (UxP) y obtuvo aprobación legislativa en noviembre.
Un punto central de la normativa es el esquema de responsabilidad compartida: el personal de casinos, bingos y salas de juego deberá impedir el acceso a los deudores, mientras que el Gobierno provincial tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de la ley.
Además, el texto retoma principios del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que las obligaciones alimentarias se extienden hasta los 21 años, y en determinados casos hasta los 25. La ley subraya la necesidad de que estas prestaciones se cumplan de manera regular, para no afectar la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes que dependen de ellas.
Con esta medida, la Provincia busca desalentar el incumplimiento, promover el ordenamiento económico de los deudores y reforzar el mensaje de que la responsabilidad alimentaria es prioritaria.