Sociedad | Graves fallas en el sistema
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires reconoció graves fallas en el sistema de fotomultas, con cientos de miles de actas sin monto ni trazabilidad. La auditoría prevista, cercana a los $990 millones, despierta dudas y polémica.
Un dato sacudió al sistema de infracciones bonaerense: al menos 682.000 actas de fotomultas figuran con valor cero, sin explicación clara sobre su origen o resolución. La irregularidad fue detectada dentro del propio sistema oficial que gestiona las sanciones de tránsito en toda la provincia.
El informe técnico interno, firmado por el área de informática del Ministerio, advierte que el sistema SACIT (Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito) presenta fallas estructurales, operativas y de seguridad, lo que pone en duda la integridad de los datos y la transparencia del proceso sancionatorio.
Entre los problemas más sensibles se destacan:
Falta de trazabilidad en las infracciones.
Pagos sin correcta conciliación.
Usuarios genéricos compartidos, que impiden identificar responsables.
Ausencia de firma digital válida en actos administrativos.
Débil control sobre la evidencia digital, sin garantías criptográficas suficientes.
En otras palabras, el sistema que determina multas y deudas para miles de conductores presenta serias inconsistencias que afectan su confiabilidad, en un contexto donde las fotomultas son fuertemente cuestionadas por los usuarios.
Frente a este escenario, el Ministerio inició el proceso para contratar una auditoría técnica integral que abarque desde bases de datos hasta seguridad informática y trazabilidad del sistema.
El proyecto prevé una inversión de $990 millones anuales (unos $82,5 millones por mes) y un plazo de ejecución de 12 meses, cifras que generaron sorpresa y cuestionamientos internos por su magnitud.
El proceso suma un punto aún más sensible: la empresa que habría participado en el cálculo del presupuesto sería Deso Guar S.R.L., una firma creada en La Plata en 2023.
Según registros oficiales, uno de sus socios es familiar directo del funcionario que impulsó el informe técnico que justificó la auditoría, lo que abre interrogantes sobre un posible conflicto de intereses dentro del proceso.
Además, la compañía tuvo recientemente un cambio de autoridades y su nuevo gerente fue vinculado en investigaciones periodísticas a estructuras financieras en la capital bonaerense.
Mientras avanza el expediente administrativo, crecen las dudas sobre el funcionamiento del sistema de fotomultas, históricamente cuestionado por automovilistas que lo consideran un mecanismo de recaudación más que de control vial.
Ahora, con inconsistencias masivas reconocidas oficialmente, la discusión suma un nuevo eje: la validez, transparencia y legalidad de las multas emitidas en la provincia de Buenos Aires.