Sociedad | Fallo a favor de la CGT
Un fallo a favor de la CGT detuvo la aplicación de puntos clave de la ley 27.802. La Justicia advirtió sobre riesgos irreversibles en los derechos laborales y abrió un escenario de alta tensión institucional.
En una decisión de alto impacto político y social, la Justicia laboral resolvió suspender la aplicación de más de 80 artículos de la reforma laboral, al considerar que existen indicios serios de inconstitucionalidad y peligro de daños irreparables.
El fallo fue dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Ojeda, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por la CGT. La resolución tiene alcance colectivo, por lo que rige para todos los trabajadores y empleadores alcanzados por la legislación nacional.
La medida es provisoria, pero de fuerte impacto: los artículos cuestionados no podrán aplicarse hasta que se resuelva el fondo de la causa. Esto ocurrirá una vez que el Estado nacional responda y se avance en el debate constitucional.
El magistrado fundamentó su decisión en la existencia de una “verosimilitud del derecho calificada” y en el riesgo de un “consumo de derechos”, es decir, que la aplicación de la ley genere efectos que luego no puedan revertirse.
Entre los puntos suspendidos se destacan:
Además, se frenó por completo el Título II, que creaba los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones, ante el riesgo de desprotección de los trabajadores y posibles impactos en la seguridad social.
También quedaron en suspenso artículos que modificaban aspectos centrales de la negociación colectiva, el funcionamiento sindical y disposiciones vinculadas al teletrabajo y a la competencia judicial en conflictos laborales.
Mientras esté vigente la cautelar, seguirán aplicándose las normas laborales anteriores, lo que implica que no habrá cambios inmediatos en contratación, despidos, convenios colectivos ni organización sindical.
El fallo marca un duro revés judicial para la reforma laboral y anticipa un escenario de disputa que podría escalar hasta instancias superiores, con impacto directo en el mundo del trabajo y en la agenda política nacional.