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Pese a la vigencia de la ordenanza que prohíbe la pirotecnia sonora, el uso de fuegos artificiales en la ciudad mostró niveles similares a años anteriores, en un contexto con escasa concientización visible.
La Nochebuena volvió a encender el debate en Pergamino sobre el uso de fuegos artificiales. Según el relevamiento realizado durante la celebración, el nivel de pirotecnia sonora fue similar al de años anteriores, sin cambios significativos en el comportamiento general de los vecinos.
Si bien en los días previos el Municipio recordó la vigencia de la Ordenanza Nº 8472, que desde 2016 prohíbe la comercialización y el uso de pirotecnia de estruendo, no se observó una campaña fuerte o sostenida de concientización que acompañara ese recordatorio formal. En ese marco, el cumplimiento de la normativa fue parcial y dispar según las zonas de la ciudad.
Hace apenas una semana, desde el Ejecutivo local se había ratificado el esquema de controles y habilitaciones para la venta de pirotecnia permitida, en línea con la consigna “Fiestas sin ruidos”. El operativo incluyó inspecciones técnicas, auditorías provinciales obligatorias y autorizaciones temporarias para comercios habilitados, con el objetivo de evitar la circulación de productos sonoros.
La normativa municipal apunta especialmente a proteger a niños, personas con discapacidad, adultos mayores y animales, sectores particularmente afectados por los estruendos. Sin embargo, en la práctica, la celebración de Nochebuena mostró que la conciencia social aún no logra consolidarse en la magnitud esperada.
El marco legal se completa con la Ley Provincial 15.406, reglamentada en 2023, que prohíbe en toda la provincia de Buenos Aires la venta y el uso de pirotecnia de alto impacto sonoro, estableciendo multas, decomisos y clausuras para quienes incumplan la normativa. Incluso prevé sanciones para los adultos responsables cuando el uso sea realizado por menores de edad.
A pesar de este entramado normativo, la experiencia de esta Nochebuena en Pergamino volvió a reflejar una distancia entre la legislación vigente y el comportamiento social, lo que refuerza la necesidad de mayores campañas de concientización, más allá de los controles formales.