En un escenario marcado por el avance de los discursos antivacunas, la provincia de Mendoza dio un paso inédito al llevar a la Justicia civil a diez adultos cuyos hijos no habían completado el calendario de vacunación obligatoria. La medida, impulsada por el Ministerio de Salud mendocino, busca sentar un precedente frente a un problema que ya impacta en la salud pública.
La decisión coloca a Mendoza como la primera provincia en judicializar estos casos, y reabre el debate sobre el rol del Estado ante la baja sostenida en las tasas de inmunización infantil en todo el país.
La preocupación no es solo legal, sino sanitaria. Según advirtió la patóloga pediatra Marta Cohen, la situación en Argentina es crítica: solo el 46% de la población infantil está vacunada, cuando se necesita al menos un 95% de cobertura para garantizar la protección colectiva.
Este descenso ya muestra consecuencias concretas. Enfermedades que se creían erradicadas, como el sarampión o la tos convulsa (coqueluche), comenzaron a reaparecer, encendiendo alertas en el sistema de salud.
Cohen remarcó que la vacunación es una de las herramientas más eficaces de la medicina moderna: salvó 154 millones de vidas en los últimos 50 años, de las cuales 146 millones correspondieron a niños menores de cinco años, lo que permitió reducir la mortalidad infantil en un 40% a nivel global.
En ese marco, el avance judicial de Mendoza se presenta como una señal política y sanitaria frente a la desinformación y la expansión de posturas que ponen en riesgo la salud colectiva.