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El Gobierno transfirió la administración del programa a un banco privado. Críticas por la falta de transparencia, los retrasos en las obras y los cambios en la gestión estatal de la vivienda.
El Gobierno nacional oficializó la disolución del programa Procrear, una política pública emblemática para la financiación de viviendas familiares que ahora pasará a estar bajo gestión privada. La medida fue formalizada a través de la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, que operativiza el Decreto 1018/2024, publicado a fines del año pasado.
Desde ahora, la administración de los créditos otorgados quedará en manos del Banco Hipotecario S.A., que operará bajo las mismas condiciones que regían desde el contrato de fideicomiso firmado en 2012. Sin embargo, el Estado mantendrá el control de los bienes físicos del fondo, como terrenos y unidades, y podrá transferirlos a provincias o municipios, o bien liquidarlos para saldar deudas.
El argumento oficial para la disolución apunta a que el Procrear se había transformado en una “pesada carga” para las cuentas públicas. Además, se cuestionó la eficacia del programa: una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló demoras en las entregas, falta de condiciones de habitabilidad y problemas de control y transparencia.
En paralelo, el Gobierno sostiene que la financiación habitacional debe quedar en manos del sistema bancario, y no del Estado. Esto marca un cambio de paradigma en la política de vivienda, con una fuerte apuesta por desestatizar programas sociales bajo el argumento de “racionalizar el gasto”.
El Ministerio de Economía conservará potestad para administrar los activos del fondo, disponer de la venta de carteras con bajo rendimiento de pago, y actuar en causas judiciales pendientes. También coordinará con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la transferencia de inmuebles que no estén comprometidos con obras activas.
La decisión se enmarca en la Ley de Emergencia Pública (N.º 27.742), que autoriza al Poder Ejecutivo a disolver fondos fiduciarios públicos como parte del plan de ajuste estructural impulsado por la administración de Javier Milei.
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