Desde la entrada en vigor del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que derogó la Ley de Alquileres, los nuevos contratos en Argentina se rigen por un acuerdo entre ambas partes, sin restricciones legales en cuanto a duración mínima, precio o método de ajuste. La firma de contratos con una duración de dos años y actualización trimestral basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ha convertido en una tendencia prevalente en estos primeros días.
La desregulación coexiste con los contratos aún vigentes bajo las dos versiones de la Ley de Alquileres: la de 2020, con contratos de 3 años y actualización anual por el Índice de Contratos de Locación (ICL), y la modificación de octubre de 2023, con contratos de 3 años y actualización semestral por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Claudio Vodanovich, secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), destaca una lenta normalización del mercado, con contratos que establecen un valor fijo para los dos años, actualizándose cada tres meses mediante acuerdos que pueden basarse en algún índice. Marta Liotto, ex presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario, prevé que el mercado se normalice en un plazo de cinco a seis meses desde la derogación.
Sin embargo, Inquilinos Agrupados (IA) ha presentado un amparo contra el DNU, buscando la nulidad del decreto y suspendiendo sus efectos. Gervasio Muñoz, presidente de IA, critica la institucionalización y legalización de las reglas del mercado, calificando la situación actual como dramática debido a la falta de un marco regulatorio para los alquileres en Argentina.
Según un relevamiento de Zonaprop, en la Ciudad de Buenos Aires, los alquileres aumentaron un 260% en 2023, superando la inflación estimada del 200%. Mientras tanto, el ajuste basado en el ICL rondaría el 135,5%. En este contexto, la oferta de alquileres muestra un leve aumento, pero es pronto para atribuirlo directamente a la derogación de la ley.
El CESO revela que en diciembre, la mediana de alquiler para monoambientes en CABA fue de 250.000 pesos, representando el 62,4% del Salario Mínimo Vital y Móvil de $156.000. Esta relación ha disminuido significativamente en comparación con mediados de 2022, evidenciando la complejidad de la situación económica en el mercado de alquileres en Argentina.
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