Pergamino: tensión por un pedido del Inta para fumigar cerca de un jardín de infantes

Las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agroalimentaria (Inta) solicitaron al Juzgado Federal de San Nicolás Nº 2, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, que se exceptúe al organismo de investigación estatal de la medida cautelar dispuesta en agosto de 2019 que prohíbe las aplicaciones de agroquímicos a menos de 1.095 metros de la planta urbana, una disposición judicial sin precedentes que recientemente fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario. El requerimiento, que fue autorizado por la Fiscalía, referencia al pasar que en el predio en cuestión de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de Pergamino funcionan un jardín de infantes y una escuela de enseñanza universitaria y en ningún momento señala que allí viven familias con niños.

El pedido del Inta, realizado por el director nacional Carlos Alberto Parera, se fundamenta en que gran parte de su propiedad en Pergamino (631 sobre 744 hectáreas) se encuentra alcanzado por la medida cautelar y por lo tanto, desde hace más de un año, no puede aplicar agroquímicos. Sin embargo, esa solicitud consiste en la presentación de un plan de trabajo firmado por el director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán Trebino, que parte de “una falacia conceptual que conlleva a un yerro inexcusable”, según consideró el abogado Fernando Cabaleiro, de la organización proteccionista, Naturaleza de Derechos.

“Insisten en la viabilidad de la coexistencia entre las actividades agropecuarias sustentadas en el uso de organismos genéticamente modificados (OGM) y agrotóxicos con un modelo de agricultura tradicional que respete los ciclos naturales y sus prácticas permitan la armonía con la biodiversidad y una relación directa y continua con las manifestaciones biológicas”, explicó.

Bajo esa visión, la vecina Sabrina Ortiz, víctima del alcance de los agroquímicos y abogada querellante en la causa federal por contaminación de los acuíferos por la que se llegó a la medida cautelar, rechazó la solicitud del Inta Pergamino dado que bajo el manto de investigaciones científicas el organismo pretende obtener una excepción a la medida cautelar en el falso entendimiento de que los procesos investigativos presentados son benévolos e inocuos. “En realidad, por la extensión y el uso de agrotóxicos son tan peligrosos y contaminantes como los procesos productivos desarrollados en las parcelas de los demás imputados y procesados que motivaron el inicio de la causa judicial”, explicó Ortiz.

Pero ocurre que, tanto para la abogada como para Naturaleza de Derechos, este organismo se caracteriza por ser “un brazo funcional del agronegocio y las grandes empresas productoras de OGM y agrotóxicos” instaladas en la ciudad del norte bonaerense, uno de los extremos del triángulo agrario argentino (que completan Rosario y Venado Tuerto) y donde se concentra uno de los polos semilleros y agroindustriales más grandes de Sudamérica.

Para Cabaleiro, estas empresas se nutren y sirven de los recursos del Estado -a través del Inta- para financiar los ensayos e investigaciones de sus productos que no son nada amigables con el ambiente y la salud humana. “Los procesos investigativos a los que refiere el director del Inta son estudios y prácticas encubiertas de las propias empresas del agronegocio que financian subrepticiamente, para analizar la eficacia de sus cultivos transgénicos y agrotóxicos que ellas mismas fabrican y producen, transformando al predio del Inta en un auténtico espacio productivo del agronegocio cuyo objetivo varió de la investigación y estudios de ensayo a la especulación y el ánimo de lucro con explotaciones de cultivos con destino a la venta”, observó.

“Cabe señalar, porque lo omite Trebino, que los mencionados cultivos de experimentación no son estrictamente tales, se trata también de procesos productivos cuyas resultas luego son comercializadas y gestionadas por una cooperativa del Inta Pergamino y que hacen al motivo central de la presentación”, destaca el escrito expuesto por la querella para oponerse al requerimiento del Inta y añade que las prácticas que implican uso de agrotóxicos están también obligadas a cumplir con la legislación provincial y local.

“Estas se violan arteramente, ya que Trebino oculta deliberada y maliciosamente al borde del tipo penal de la estafa procesal, al no informar al Juzgado que dentro del mismo predio del Inta hay un jardín de infantes donde asisten niños y niñas que acuden diariamente. Se trata de un establecimiento público que en su momento era una guardería para les hijes del plantel de trabajadores y trabajadoras del Inta. También dentro del predio hay un establecimiento educativo de nivel universitario”.

“Por lo tanto mediante este ocultamiento de un dato relevante, Trebino pretende obtener un beneficio procesal en perjuicio de la salud de los menores que acuden al establecimiento”, analizó la querella, que con posterioridad a la presentación, confirmó además que allí viven familias que trabajan para el organismo estatal. (Con información de La Capital)