Sociedad | Campana
La Justicia federal de Campana dispuso el procesamiento y un fuerte embargo contra el exministro de Transporte por presunto lavado de activos ligados al desvío de fondos de multas de tránsito. También fue procesado un exdirector de la VTV.
El exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio fue procesado por lavado de dinero agravado y recibió un embargo de $350 millones, según resolvió el juez federal Adrián González Charvay. La resolución mantiene la inhibición general de bienes dictada meses atrás, aunque el exfuncionario seguirá en libertad provisoria.
También fue procesado Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, por lavado de activos y un embargo de $300 millones, aunque sin el agravante vinculado a la función pública.
La causa, iniciada en septiembre de 2024, apunta a una presunta red organizada que habría desviado fondos provenientes de las multas de tránsito en distintos municipios bonaerenses. De acuerdo al expediente, el esquema operaba con roles definidos, uso de prestanombres y maniobras para ocultar el origen ilícito del dinero generado por el sistema de fotomultas y la VTV.
Uno de los hechos más relevantes es la compra de una camioneta Audi Q8: quedó registrada a nombre de Asensio, pero era utilizada y pagada por D’Onofrio. El vehículo fue declarado en $30 millones, aunque su seguro superaba los $173 millones, lo que alimentó la sospecha de disimulación patrimonial. El contrato que respaldó la operación provino de una sociedad sin actividad comprobada.
D’Onofrio negó ser propietario y dijo que solo manejó el auto “una vez”. Asensio declaró que lo compró con dinero de la venta de un terreno. Para el juez, ambas versiones resultaron inconsistentes y confirmaron el rol de Asensio como testaferro.
Además, el vehículo fue transferido a un tercero en noviembre de 2024, el mismo día en que se definió la competencia del caso en la Cámara Federal de San Martín, un movimiento que la Justicia interpretó como un posible intento de entorpecer el rastreo patrimonial.
D’Onofrio había renunciado a su cargo el 30 de diciembre, alegando motivos personales, mientras avanzaban dos expedientes: uno por lavado de dinero y otro por fraude, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito vinculados al sistema de fotomultas y la VTV. Su situación procesal lo ubica hoy en el centro de uno de los escándalos de gestión más resonantes de la provincia.