Policiales | Brasil
La Justicia brasileña ordenó el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico para Agostina Páez, investigada por injuria racial tras un episodio ocurrido en Ipanema. No puede salir de Brasil y denunció amenazas y miedo por su seguridad.
El caso de Agostina Páez, la turista argentina de 29 años involucrada en un episodio racista en Río de Janeiro, sumó en las últimas horas una medida judicial clave: la colocación de una tobillera electrónica y la retención de su pasaporte, lo que le impide abandonar Brasil mientras avanza la investigación.
La decisión fue adoptada por la Justicia brasileña luego de la difusión de un video viral en el que se observa a la joven realizando gestos y sonidos discriminatorios hacia un mozo de un bar de Ipanema, en la zona sur de la ciudad. El material generó una fuerte reacción social y aceleró la intervención judicial.
Páez, abogada e influencer, declaró que desconocía que ese gesto constituyera un delito en Brasil y sostuvo que se trató de una broma dirigida a su grupo de amigos. Sin embargo, en ese país la injuria racial está equiparada legalmente al racismo, un delito grave que prevé penas de entre dos y cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación bajo fianza.
En paralelo, la joven presentó una denuncia policial por amenazas, asegurando que desde que el caso tomó estado público recibe mensajes intimidatorios y agresiones a través de redes sociales. También afirmó que tres personas desconocidas ingresaron al departamento que alquilaba, situación que incrementó su temor por la integridad física.
Su abogado, Sebastián Robles, denunció que esas personas se habrían hecho pasar por policías, aunque la Policía Civil de Río de Janeiro desmintió haber realizado un procedimiento en el lugar y rechazó cualquier intento de desacreditar la investigación oficial.
El padre de Agostina, Mariano Páez, confirmó que su hija está “aterrorizada” y que los administradores del edificio donde se alojaba le pidieron que se retirara. “Teme por su vida y tuvo que mudarse a otro departamento”, afirmó.
Mientras tanto, el jefe de la Comisaría 11, Diego Salarini, indicó que la causa se encuentra en su etapa final y que en los próximos días las pruebas serán remitidas al Ministerio Público, a la espera de nuevas declaraciones de testigos y del personal del local involucrado.
El caso, que comenzó como una discusión nocturna, derivó en un conflicto judicial de alto impacto, con consecuencias legales severas y una fuerte repercusión social que vuelve a poner en debate los límites culturales, la responsabilidad individual y la tolerancia cero al racismo en Brasil.
Foto: TN