Sociedad | En todo el país
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó falsos registros, rótulos adulterados y falta de información sanitaria esencial en cafés de tres marcas comercializados en todo el país. La medida alcanza a comercios y plataformas online.
La Anmat dispuso la prohibición inmediata de la elaboración, el fraccionamiento y la venta —tanto en locales físicos como en tiendas online— de siete cafés en grano pertenecientes a las marcas Caffé del Doge, Caffé del Ponte Rialto y Café Sol, tras confirmar que los productos eran apócrifos y circulaban sin los registros sanitarios obligatorios.
La decisión fue formalizada mediante la Disposición 8385/2025, publicada en el Boletín Oficial, luego de que una denuncia al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) alertara que un café identificado como “Doge Rosso Blend” utilizaba un número de RNPA inexistente.
Durante las inspecciones, agentes del INAL detectaron en una sucursal otros productos con rótulos irregulares, ausencia de lote y fecha de vencimiento, y documentación que vinculaba la distribución con la firma Junio 1995 SRL. El comercio reconoció que utilizaba estos cafés únicamente para preparar bebidas para sus clientes.
El operativo condujo a una planta de fraccionamiento en San Justo (La Matanza), donde se comprobó que Café Sol operaba sin Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y sin registros de productos habilitados. Allí también se procesaban cafés para Caffé del Doge y Caffé del Ponte Rialto, usando registros inexistentes o no vigentes y etiquetas sin información sanitaria indispensable.
Ante estas irregularidades, el Departamento de Normativa Alimentaria concluyó que se trataba de productos falsamente rotulados, lo que derivó en el retiro del mercado de:
Doge Rosso Blend (Caffé del Doge)
Café Clásico, Café Colombia, Café Gourmet y Línea Baristas (Café Sol)
Intenso Blend (Caffé del Ponte Rialto)
Expresso Café Crema (sin marca definida)
La prohibición abarca todas las variantes y lotes, sin excepciones, para proteger a los consumidores frente a productos que no cumplen con los estándares básicos de inocuidad alimentaria.
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