Economía y Empresas | Expropiación de 2012
La jueza Loretta Preska ordenó que Argentina entregue más de la mitad de las acciones de YPF como parte de pago por la expropiación de 2012. El fallo expone el alto costo político y financiero de una decisión votada por kirchneristas, radicales, socialistas y actuales aliados del gobierno.
La Justicia de Estados Unidos volvió a golpear con fuerza a la Argentina. La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que el país ceda el 51% de las acciones de YPF como parte del pago por la expropiación de 2012. El monto que debe afrontar el Estado asciende a US$16.100 millones y, según el fallo, las acciones deben ser transferidas a una cuenta del Bank of New York Mellon (BNYM) en un plazo de 14 días.
La medida responde a una demanda iniciada por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de los accionistas afectados por la estatización. Aunque el Gobierno argentino apelará la sentencia, la jueza Preska instruyó que se realice la entrega inmediata de las acciones clase D de YPF, propiedad del Estado, a los demandantes.
El presidente Javier Milei no tardó en apuntar responsabilidades: culpó directamente a Axel Kicillof, entonces ministro de Economía, por “llevar al país a esta situación” durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En un mensaje publicado en X, acusó al kirchnerismo de “imbecilidad” y aseguró que el gobierno libertario “apelará en todas las instancias”.
Pero la expropiación de YPF no fue exclusivamente kirchnerista. El 3 de mayo de 2012, el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados por 208 votos a favor, con apoyo no solo del oficialismo de entonces, sino también de sectores de la UCR, el socialismo, Proyecto Sur y diversos bloques provinciales. Un mes antes, el Senado la había votado por 63 a 3.
Entre los votos afirmativos en Diputados figuran:
Kirchneristas como Agustín Rossi, Andrés Larroque, Mayra Mendoza y Héctor Recalde.
Peronistas hoy opositores como Omar Perotti y Felipe Solá.
Radicales como Mario Negri, Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Buryaile.
Socialistas como Victoria Donda y cineastas como Pino Solanas.
También votaron a favor Gerardo Morales, entonces senador, y actual aliado de Javier Milei.
En contra se manifestaron Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño y Jorge Triaca, mientras que Gabriela Michetti y Margarita Stolbizer estuvieron ausentes.
Entre los senadores que avalaron la expropiación aparecen:
Figuras del Frente para la Victoria como Aníbal Fernández, Miguel Ángel Pichetto, Pablo González y José Mayans.
Radicales como Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Luis Naidenoff y Mario Cimadevilla.
Otros nombres que hoy forman parte del mapa político actual: Carlos Reutemann, Roxana Latorre, Rubén Giustiniani, Samuel Cabanchik, entre muchos más.
El caso de Luis Juez resulta emblemático. El entonces senador cordobés respaldó entusiasta la estatización: “Es una maravillosa revancha. Ojalá mi viejo me esté mirando”, dijo en 2012. Hoy, como aliado de Milei, su discurso reapareció en redes y expuso las contradicciones de la política argentina.
A trece años de aquella votación, el país enfrenta no sólo una deuda millonaria, sino también el juicio de la historia sobre una decisión transversal que unió a sectores tan diversos como el kirchnerismo duro, la UCR, el socialismo y parte del federalismo opositor.
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