Sociedad | Denuncian el abandono del Gobierno
Ante la falta de respuestas oficiales, los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un paro general para el 25 de junio y un abrazo simbólico al centro de salud el 18, en defensa del sistema público y sus condiciones laborales. Denuncian el abandono del Gobierno y exigen una recomposición salarial urgente.
La tensión en el Hospital Garrahan no da tregua. Luego de una fallida audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo —a la que no asistieron representantes del Gobierno ni de la dirección del hospital— los trabajadores decidieron intensificar el conflicto con dos acciones contundentes: un abrazo simbólico al hospital el martes 18 de junio y un paro general el miércoles 25.
La decisión fue tomada en una asamblea masiva convocada por la Junta Interna de ATE Garrahan. "El Gobierno volvió a faltar el respeto al hospital y a sus trabajadores. No solo no hace propuestas, ni siquiera se presenta a las reuniones", denunció Alejandro Lipcovich, secretario general del gremio.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Salud responsabilizan al sindicato por el estancamiento del diálogo, sosteniendo que las medidas de fuerza “rompieron la mesa de negociación”. Sin embargo, para los trabajadores, el Gobierno nacional muestra una política de abandono deliberado de la salud pública.
La reciente renuncia de Soraya El Kik, presidenta del Consejo de Administración, fue interpretada como un síntoma del deterioro institucional. "El Garrahan está siendo llevado al abismo. Se deberían ir todos los funcionarios que están destruyendo el hospital pediátrico más importante del país", advirtió Lipcovich.
Por su parte, Gerardo Oroz, secretario adjunto de la Junta Interna, fue más allá: “El comunicado que anunció despidos en el Hospital Posadas y descuentos en el Garrahan es un bochorno. Esta motosierra criminal no respeta ni la salud pública”.
Los trabajadores insisten en que el reclamo trasciende lo salarial: “Estamos defendiendo el salario, sí, pero también luchamos por la salud pública y por condiciones dignas de atención. Pedimos que el salario mínimo parta del costo de una canasta familiar: $1.800.000”, subrayó Oroz.
Sin señales de diálogo real, el conflicto se agrava. La salud pública, los pacientes y sus trabajadores, una vez más, quedan atrapados en medio de una disputa que exige respuestas urgentes.