El debate sobre cómo ayudar a las familias ahogadas por las deudas volvió a la escena política con la idea de crear una “Ley de Segunda Oportunidad”, un marco legal pensado para que personas físicas con graves dificultades financieras puedan reorganizar sus pasivos o empezar de nuevo.
La propuesta, que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner retomó en sus recientes declaraciones, tiene antecedentes concretos: en 2015, los senadores Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saá presentaron un proyecto de ley que apunta exactamente a ese objetivo.
Bajo el nombre “Régimen de Sobreendeudamiento para Pequeños Deudores”, el texto plantea una herramienta legal para quienes no logran cumplir con sus compromisos financieros, como pagos de tarjetas, préstamos personales o servicios. El mecanismo contempla dos instancias:
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Conciliación extrajudicial, en la que el deudor puede negociar con sus acreedores un plan de pagos de hasta siete años, con tasas más razonables y posibles quitas.
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Restablecimiento personal, para los casos más graves, donde un juez puede ordenar la venta de los bienes disponibles para cubrir deudas y, posteriormente, extinguir las obligaciones restantes para permitir un nuevo comienzo.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la protección de la vivienda única y los bienes esenciales del deudor, que no podrían ser embargados ni vendidos durante el proceso.
Inspirada en legislaciones vigentes en países como Francia y España, la iniciativa busca evitar que los ciudadanos sean tratados como empresas en quiebra, garantizando su derecho a una segunda oportunidad económica y social.
Mientras el debate vuelve a tomar fuerza, desde distintos sectores políticos y económicos se plantea la necesidad de adaptar la ley a la realidad actual, en un contexto donde el endeudamiento familiar crece y el acceso al crédito se vuelve cada vez más limitado.
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