Política | En una carta enviada
El Gobierno de Milei solicitó a la jueza Loretta Preska suspender la orden que obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos buitres. Adelantaron que apelarán y que no habrá negociación hasta un fallo definitivo.
La República Argentina solicitó a la Justicia de Estados Unidos la suspensión del fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF a dos fondos de inversión que denunciaron perjuicios por la expropiación de la petrolera estatal en 2012. La presentación fue realizada ante la jueza Loretta Preska, del tribunal federal de Nueva York.
En una carta enviada este martes, el Gobierno argentino anticipó que apelará formalmente la decisión en los próximos días, y remarcó que cuenta con el respaldo del Gobierno estadounidense, que también pidió cautela ante una sentencia de semejante impacto.
El lunes, Preska resolvió que Argentina debe compensar con el paquete accionario de YPF a los demandantes, entre ellos Burford Capital, uno de los principales fondos que adquirió los derechos de litigio. La suma del fallo asciende a USD 16.000 millones, aunque la estrategia de la Casa Rosada será disputar el monto y la validez legal del dictamen en instancias superiores.
“La sentencia es de cumplimiento imposible”, advirtieron desde el entorno presidencial, al tiempo que confirmaron que no habrá negociación directa con los fondos buitres hasta que no exista una resolución definitiva. La Procuración del Tesoro analiza, incluso, acudir directamente a la Corte de Apelaciones.
Según explicó el analista Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales, si Preska no acepta la suspensión, Argentina recurrirá a un tribunal superior para lograrlo.
El Ejecutivo nacional sostiene que la presentación judicial busca evitar una ejecución prematura, defender los activos del Estado y preservar la soberanía sobre una de las empresas clave para el país. La decisión marca una línea firme: apelación, resistencia legal y nada de acuerdos bajo presión.
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