06/12/2005 - Los ministros de Justicia e Interior de los veinticinco países miembros de la Unión Europea han logrado un acuerdo sobre la retención, por parte de los operadores, de los datos telefónicos y de comunicaciones por Internet de los usuarios durante un periodo de entre 6 y 24 meses, con el fin de mejorar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, según informaron fuentes del Consejo Europeo.
Los costos deberán ser asumidos por las operadoras y no por los gobiernos, punto que debe ser aceptado todavía por el Parlamento Europeo. El ámbito de aplicación de la directiva se ha extendido a las llamadas fallidas, pero sólo las almacenadas por las empresas.
La Comisión Europea ha elaborado también una declaración adicional en la que señala que el pago de los costos no generará distorsiones de la competencia.
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