22/07/2007 - Buenos Aires - Al menos ocho ex militares procesados y otros cinco acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen, que se prolongó entre 1976 y 1983, fueron beneficiados con este decreto firmado en 2005 por el presidente argentino, Néstor Kirchner, que busca brindarles una pensión vitalicia a los veteranos de la guerra, disputada contra el Reino Unido en 1982.
Los ex militares Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Mario Benjamín Menéndez, Juan José Lombardo, Ricardo Guillermo Corbetta y Julio César Binotti son algunos de los beneficiarios, mientras que en mayo pasado inició el trámite Jorge "Tigre" Acosta, represor de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de detención.
Según figura en el decreto 886/05, los únicos militares exceptuados de cobrar las "Pensiones Honoríficas de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur" son aquellos que fueron "condenados por violación de los derechos humanos".
En la actualidad, la mayoría de los procesos se encuentran abiertos y pudieron ser impulsados después de que el Parlamento anulara en 2003 las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que habían librado de responsabilidades a más de un millar de represores.
Un primer decreto que habilita este beneficio fue firmado en 2004, después de que un grupo de ex combatientes de Malvinas acampara durante varios días frente a la Casa de Gobierno en reclamo de una "reparación económica y moral" por su participación en la guerra, que acabó con la derrota argentina.
Un nuevo decreto presidencial de 2005 ratificó la pensión, que actualmente es de 1.680 pesos (542 dólares), y la extendió a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encontraran en situación de baja obligatoria.
Acosta está actualmente procesado y detenido por secuestros, desapariciones y torturas cometidas en la ESMA, mientras que Rolón y Pernías están procesados con prisión preventiva en el marco de la "megacausa ESMA", que investiga más de un centenar de violaciones a los derechos humanos.
Además, la justicia española pidió la extradición de estos dos últimos represores debido a su procesamiento por genocidio, terrorismo y torturas.
Incluso, la justicia argentina embargó a Acosta y a Pernías por 230 y 245 millones de pesos (74 y 79 millones de dólares), respectivamente, en el marco de la denominada "megacausa ESMA".
Binotti, Menéndez y Lombardo también están acusados por torturas y desapariciones durante la dictadura, al igual que Daniel Alejandro Polano, José María Insúa, quienes también cobran el beneficio, según el dominical.
Otro de los beneficiarios es Carlos Eduardo Daviou, reclamado por la justicia española, mientras que Osvaldo Jorge García, Ricardo Corbetta, Hugo Enrique Damario y Juan Carlos Camicha se encuentran procesados por delitos de lesa humanidad y reciben la pensión.
El periódico asegura que incluso el ex marino Alfredo Astiz, cuya extradición pidieron Francia, España y Suecia, estaría en condiciones de reclamar esta pensión.
El cobro de este beneficio por parte de represores resulta paradójico ya que el gobierno de Kirchner ha impulsado desde sus comienzos, en 2003, una fuerte política en defensa de los derechos humanos.
Incluso, la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en 46 causas por delitos cometidos durante la dictadura que, según datos oficiales, causó la desaparición de al menos 18.000 personas y, de acuerdo con cifras de los organismos humanitarios, provocó 30.000 desaparecidos.
Según un estudio publicado este año por el Centro de Estudios Legales y Sociales, en los tribunales argentinos hay 111 procesos abiertos a 305 militares y ex agentes de fuerzas de seguridad imputados, de los cuales a 46 se les dictó falta de pruebas en su contra, 44 están prófugos, 105 murieron, cinco fueron declarados incapaces y sólo cinco recibieron condena. EFE
